La Coalición "Derechos Humanos para Carabobo", emitió un comunicado para rechazar la profundización de las restricciones al espacio cívico por parte del Estado venezolano, en evidente inobservancia de los tratados internacionales en materia de DDHH suscritos y ratificados por la república.
En el escrito, firmado por Jesús Sifontes Coronel, Jefferson Consoni, Juan Tortolero, Lyli López, Henry Roberts y Julio Castellanos se señala que recientemente, se han presentado en el país diferentes casos de vulneraciones de derechos y libertades contra actores políticos y sociales que hacen vida en el espacio cívico venezolano:
Son estos:
- La intervención de la Cruz Roja venezolana por parte del TSJ. Decisión atenta contra el derecho a la asociación y crea una atmósfera de desconfianza institucional que puede impedir el normal desarrollo de actividades de mitigación de la crisis humanitaria compleja que afecta a la población.
- Las detenciones arbitrarias de Marielxis Goyo, directora de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad, Justicia y Orden de Puerto Cabello, y Raquel Coronado, presidenta de la Fundación Ayuda al Adulto Mayor y Niños en Situación de Calle, el pasado 7 de agosto, quienes venían realizando denuncias sobre determinados hechos registrados en el río Borburata del municipio Puerto Cabello, que ponen en riesgo las garantías a los derechos al agua potable y al medioambiente sano.
- La judicialización del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por parte del TSJ el pasado viernes 11 de agosto, nombrando una "directiva Ad hoc" no consultada con los miembros de tal organización, ni los órganos competentes de la misma. Tal procedimiento es un ejemplo del patrón de violaciones a los derechos civiles y políticos que se presenta en el país, en tanto a que la misma práctica se ha producido en el pasado con otras organizaciones con fines políticos.
- La censura y cierre de medios de comunicación que persiste en el país, lo que dificulta la libre circulación de ideas y la oportunidad de mantener un debate cívico abierto, plural y libre.
- La criminalización tanto de la lucha sindical como de la orientación sexual de los ciudadanos, lo que se evidencia en la sentencia a 16 años de prisión contra 6 trabajadores que protestaban en contra del Instructivo ONAPRE; así como en el arresto arbitrario y posterior exposición al escarnio público de 33 ciudadanos miembros de la comunidad LGBTIQ+.
La Coalición "Derechos Humanos para Carabobo" invita a la sociedad venezolana a movilizarse y expresarse en defensa de los derechos humanos seriamente vulnerados en el país y, además, exigir la liberación de los activistas sindicales, sociales y ambientales detenidos arbitrariamente.
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