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Los máximos representantes del gremio de los abogados del país rechazaron de forma unánime el decreto presidencial N° 2.718 publicado el pasado 7 de febrero, en el que se crea la Misión Justicia Socialista.

Se trata de los abogados agrupados en la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) y los representantes de los Colegios de Abogados de 21 seccionales del país, reunidos en la sede de este gremio en Valencia, dieron a conocer la decisión este viernes.

Marlene Robles de Rodríguez, presidente de la Federación que agrupa a los Colegios de todo el país, informó que ante este nuevo ataque a la Constitución Nacional, se convocó a un consejo ampliado para analizar el contenido y alcance del decreto, así como evaluar las acciones a seguir, las cuales incluyen entre otras, un acuerdo de desconocimiento a esta disposición presidencial, así como la presentación de un recurso de nulidad ante el TSJ.

Por su parte, Luis González Blanco, presidente de Inpreabogado, indicó que con esta medida serían afectados unos 250 mil abogados, así como su núcleo familiar. “Este decreto rompe con la universalidad de la profesión de la abogacía. No hay justicia ideologizada, no es justicia socialista, ese término no existe en ninguna de las constituciones que se han sancionado en el país desde 1810”.

De igual forma, Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados de Carabobo, destacó la labor de asistencia gratuita que han prestado desde hace años en dichas instituciones a todas las personas que lo requieran, sin caer en ideologización, ni adicionarle calificativos que nuestro ordenamiento legal no contempla.

Para concluir los dirigentes gremiales calificaron este decreto que crea la Misión Justicia Socialista como un “adefesio jurídico” que violenta normas constitucionales y legales, establece discriminaciones y solapa competencias de otros órganos del Estado, por lo que instaron a   que   sea   derogado   de   manera   inmediata,   reservándose   el   derecho constitucional legal y gremial de actuar en contra de tal instrumento.

 




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