Representantes de los colegios de enfermería de Venezuela exigieron este jueves la liberación de una de sus compañeras, Ada Macuare, quien fue detenida hace una semana mientras se encontraba trabajando y tras denunciar la escasez de insumos en su centro de salud, pedir vacunas anticovid y un mejor salario.
En una rueda de prensa realizada en Caracas, los trabajadores de la salud rechazaron «de manera categórica la privación ilegítima» de su colega y exigieron que «sea puesta en libertad plena de manera inmediata».
La presidenta del Colegio de Enfermería del estado La Guaira, Maryuri Díaz, explicó que su compañera fue detenida el 21 de julio mientras prestaba servicio en el ambulatorio Alí Romero de la capital del estado Anzoátegui, Barcelona.
«Nuestra colega fue detenida el pasado 21 de julio en el ejercicio de sus funciones (…) sin ningún tipo de orden de aprehensión, siendo sacada esposada de su puesto de trabajo (…) llevada a una sede policial, donde estuvo tres días sin contacto con familiares ni de abogados», indicó Díaz.
Después de estos tres días, Macuare fue presentada ante los tribunales competentes y acusada por los delitos de «instigación al odio» y «terrorismo».
Según Díaz, su compañera es una enfermera con diez años de experiencia en el servicio ambulatorio, madre de dos menores y una persona «firme y decidida» para denunciar la crisis que afecta al sector.
El gremio de enfermería en Venezuela ha sido uno de los que más ha denunciado los fallos en los hospitales públicos, donde el equipamiento presenta daños, se registra escasez de medicinas, materiales médicos, agua y otros servicios básicos.
Las enfermeras, además, han solicitado en diversas oportunidades el incremento de su salario que no supera los 10 dólares mensuales.
«Los profesionales de la enfermería no somos los responsables de la crisis hospitalaria (…) al contrario, hemos sido uno de los gremios de la salud que ha estado a la vanguardia en las denuncias», reiteró Díaz.
Según la Coalición Nacional Sindical de Venezuela, que agrupa a profesionales de distintas áreas incluido el sector salud, en el país hay más de 150 detenciones de dirigentes sindicales que denuncian la situación de crisis en las instituciones y empresas públicas.
El abogado Emilio Negrín, representante judicial de la coalición, asegura que los detenidos son acusados por los mismos delitos, instigación al odio, terrorismo y asociación para delinquir.
