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Este lunes los directores de colegios privados ubicados en Caracas denunciaron la aplicación de la resolución 0027, establecida el 3 de octubre por Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, que establece, entre otras cosas, un límite de pago a los docentes y la inscripción obligatoria de los estudiantes en el portal patria.

En el documento, firmado también por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se definió una fórmula para calcular los gastos dentro de las instituciones privadas. 30% del total de los ingresos será destinado a los gastos indirectos, como los materiales, didácticos y no didácticos, el arrendamiento, los gastos de mantenimiento y los seguros y el otro 70% de los ingresos se deberá utilizar para cubrir la nómina de los profesores.

“La fórmula es simple: se dividen los sueldos y salarios entre el número de alumnos que tenga el colegio. Si haces esta suma, lo que queda para los gastos indirectos es muy poco”, acotó el director.

El corto presupuesto destinado a los materiales necesarios y al mantenimiento de los colegios privados puede tener como resultado la desmejora de la calidad de educación que se ofrece.

La resolución 0027 también indica que la matrícula mensual debe ser acordada por los representantes en asambleas, en las cuales deben estar presentes funcionarios de la Superintendencia Nacional para la defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Lo que se acuerde en dichas reuniones es lo que deberá pagar cada alumno mensualmente.

El director del colegio denunció que desde que se estableció la resolución se han convocado a reuniones con los directores de los centros educativos en los que el ministro de Educación reiteró que el gobierno “no pretende cerrar los colegios privados porque está consciente de la fuga de alumnos y profesores”.

Durante estas reuniones, Istúriz informó que no es cierto que los alumnos deban inscribirse al portal patria, sin embargo, el documento oficial establece lo contrario.

“En las grandes reuniones nos dicen que quieren contribuir y que no es necesario registrarse en la página ni establecer nuevas matrículas, no obstante, nos presionan para que se cumpla con lo establecido en la resolución 0027”, indicó el director que aseguró que la totalidad de los representantes de los municipios El Hatillo, Baruta, Chacao y Libertador están en desacuerdo con la inscripción de los alumnos en el portal web del gobierno.

El dueño del colegio privado denunció las discrepancias que hay entre lo que dice el documento legal y las declaraciones de Aristóbulo Istúriz. “Exigimos que adecúen la resolución a lo que están diciendo y que pare el maltrato a los colegios porque la presión que recibimos no es normal”.

Por otro lado, informó que están levantando quejas en contra de las asociaciones que firmaron la resolución, que hasta ahora han sido: la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).

(Con información de El Nacional)




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