La Consulta Popular se ha vuelto una gran herramienta política para la lucha por la democracia en Venezuela, afirma Enrique Colmenares Finol, coordinar nacional de la consulta y exministro del ambiente en los años 90, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La consulta es también una forma de garantizar la continuidad del parlamento, una vez que han sido consumadas las elecciones parlamentarias que siguen estando altamente cuestionadas por la comunidad internacional y la oposición encabezada por Juan Guaidó.
«Con esta consulta aunque no se hace la pregunta directamente se establece de hecho que hay legitimidad del parlamento actual. Al no haberla en los que fueron electos durante las elecciones del 6D, se legitiman quienes hoy están en ejercicio», dice Colmenares Finol.
Colmenares explica que el proceso convocado por la oposición venezolana, es una especie de «abrazo de esperanza» para el ciudadano que no ha visto mejorías en su calidad de vida, sino mayores complicaciones ante la indolencia de un gobierno que «no asume su responsabilidad frente la crisis».
Ilegalidad de los electos el 6D
Explica que la ilegalidad de los diputados electos el 6 de diciembre, inicia una vez que fueron designados los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ignorando las atribuciones que corresponden a la Asamblea Nacional en ejercicio.
Esa ilegalidad -señala Colmenares- se mantiene al registrarse las innumerables irregularidades durante el proceso, donde se encuentra la inhabilitación de líderes políticos, el aumento de diputados a elegir, adicional al «secuestro» de tarjetas de partidos de oposición a quienes el TSJ designó una junta Ad Hoc, entregándolas a dirigentes que fueron señalados como «alacranes» tras ser vinculados con el gobierno nacional.
«Los venezolanos nos dimos cuenta de la farsa del domingo, no acudimos a las urnas electorales y ahora es necesario convocar al ciudadano para recuperar la libertad», dice.
Con información de La Prensa de Lara
