Eduardo Cespedes, abogado especialista en criminalística, derecho penal y derecho migratorio denunció a Frontera Viva que desde el mes de marzo del 2021, en su oficina de Bogotá ha estado recibiendo un importante número de casos sobre la nulidad de nacionalidad colombiana a ciudadanos venezolanos. Señaló que una de las causas principales de esta situación es debido a los falsos procesos de apostilla de documentos.
En declaraciones del especialista en migración, una de las causas por las cuales ha sido anulada la nacionalidad a miles de ciudadanos, señaladas por la Registraduría Nacional de Colombia, es que grupos de personas que optaban a la nacionalidad (venezolanos) al apostillar en Venezuela la partida de nacimiento y llevarla a Colombia para acceder a la nacionalidad, contrataron gestores.
Sin embargo, al constatar muchas de estas apostillas a través de la Registraduría, se evidenció que gran parte son inexistentes y esto ha llevado a la cancelación de un importante número de cédulas, sin importar las consecuencias.
El abogado expresó que según los datos en la página de la Registraduría Nacional de Colombia, al día de hoy el número de cancelaciones de documento de identidad a los venezolanos es de aproximadamente 42.000 cédulas.
El jurista aseguró, que actualmente hay casos de personas que llegan al aeropuerto en tránsito a otro país y son detenidos porque la nacionalidad fue cancelada. Aseguró que un grupo significativo de ciudadanos colombos venezolanos se encuentran actualmente en estado de indefensión porque su cédula les fue anulada.
Precisó que los ciudadanos colombo venezolanos están siendo detenidos por 48 horas en CAI (Centro de Atención Inmediata), cárceles y URI (Unidad de Respuesta Inmediata). Son sometidos a la justicia frente a un juez de control y son perseguidos por la fiscalía para llevarlos a un proceso que, según calificó, no tiene sentido.
El especialista en temas migratorios, explicó que el derecho es lógico, si existe un problema de carácter administrativo, no pueden perseguir a la gente penalmente. Apuntó que lo más ilógico es que los fiscales nacionales de Colombia, consideran que la cancelación de la cédula equivale a una suplantación de identidad y ahí no aplica el delito porque se trata de una persona con derecho a la nacionalidad.
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