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El Estado colombiano reconoció en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad parcial en la supuesta desaparición forzada del sindicalista Víctor Manuel Isaza, ocurrida en 1987, y cuyo paradero aún se desconoce.

La agente estatal Ángela Ramírez expuso en los alegatos finales del caso que el Estado “reconoce su responsabilidad sobre algunos de los hechos del caso”, pero negó rotundamente de que se trate de una desaparición forzada.

“El Estado acepta su responsabilidad, pues Víctor Manuel Isaza se encontraba bajo custodia cuando fue sustraído por un grupo armado, pero ello no implica que el Estado acepte que lo que ocurrió sea una desaparición forzada porque no ha sido evidenciada la participación de agentes estatales”, expresó Ramírez.

Según la representación oficial no existen pruebas que determinen que agentes estatales trabajaron en conjunto con paramilitares para cometer los hechos, por lo cual no se le puede atribuir la desaparición forzada al Estado.

Ramírez también aceptó la responsabilidad del Estado por “no haber adelantado con la debida diligencia el proceso y porque se ha presentado demora prolongada en la investigación”, así como por la existencia de “irregularidades en ciertas diligencias”.

Insistió en que no existe prueba de que en este caso participaron agentes estatales y aseguró que la desaparición de Isaza “no se enmarca necesariamente en el contexto” de violencia que prevalecía en la época.

La representación estatal también afirmó que el Gobierno colombiano ha avanzado desde finales de la década de 1989 en el combate a grupos paramilitares y que se han llevado a cabo investigaciones sobre el caso de Isaza, aunque no con la diligencia requerida.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte, Isaza fue desaparecido el 19 de noviembre de 1987 por paramilitares que actuaban por la aquiescencia o colaboración de la Fuerza Pública colombiana, cuando fue sustraído de la cárcel en Puerto Nare, en el departamento de Antioquia.

Isaza era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción y simpatizante del partido político Unión Patriótica.

Según la representación de la víctima, en la época ocurrió un “exterminio” contra 25 miembros del sindicato, pues se les consideraba subversivos, y que en ese entonces el Estado no hizo nada para acabar con ese contexto o tomar medidas preventivas.

La Corte llevó a cabo hoy el segundo y último día de audiencia por este caso, en el que expusieron sus alegatos finales los representantes del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.




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