La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, indicó que esta denuncia fue elevada a instancias internacionales. (Cortesía CCN)

La diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Adriana Pichardo informó que en horas de la tarde de este miércoles 19 de mayo, comenzó el traslado de un grupo de presos políticos, por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

A través de las redes sociales, la parlamentaria afirmó que entre los detenidos se encuentran: Darío Estada, Rigoberto Moreno, Robert Franco y otros cuatro privados de libertad que permanecían en los calabozos de las FAES.

Pichardo señaló por medio de Twitter que “es peligroso y violatorio de los sus DD.HH. se esté ejecutando este tipo de medidas”.

La administración de Nicolás Maduro dio a conocer esta nueva medida la semana pasada, tras ordenar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.
Así lo describe la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, mediante el Decreto N° 4.610.

Ambas instituciones deberán efectuar la acción en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo.

Denuncian ante instancias internacionales

Por su parte Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, expresó a través de Twitter que con este decreto los presos políticos podrían ser trasladados a cárceles comunes.

Ante esta situación de violación de DD.HH, indicó que esta denuncia fue elevada a instancias internacionales, debido a la gravedad que supone para los presos políticos la intención del gobierno de trasladarlos a cárceles comunes.

“Desde hace varios días he venido advirtiendo la intención (…) Esto es de suma gravedad, debido a que las cárceles de Venezuela se encuentran entre las más peligrosas del mundo”, dijo a través de su cuenta Twitter, mientras aseguró que en las mismas son asesinados alrededor de 350 reos al año.

La parlamentaria agregó que en los últimos veinte años han asesinado más de siete mil reclusos en las cárceles comunes, reafirmando que los centros están dominados por pandillas delictivas, “a las que el gobierno les estaría entregando la “custodia” de los presos políticos”.

Solórzano informó que se encuentra enviando las comunicaciones correspondientes del hecho a las organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Interparlamentaria.

“Al final del día de hoy, estaremos informando los nombres, previa denuncia y confirmación de sus familiares, de los prisioneros políticos que han sido trasladados a cárceles comunes”, concretó.

(Con información del Centro de Comunicación Nacional)

 




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