Un tribunal de Sevilla (sur de España) abrió este miércoles el macrojuicio por corrupción contra 22 ex dirigentes socialistas de Andalucía, entre ellos los ex presidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados del manejo opaco de unos cuantiosos fondos públicos.
El proceso aborda uno de los mayores escándalos de corrupción acaecidos en España. Los rivales políticos de los acusados lo han presentado como el juicio a un modelo de gestión «clientelista», que ha contribuido a que la región haya sido gobernada sin interrupción por el socialismo desde 1982.
Chaves, presidente de 1990 a 2009, y su sucesor Griñán (2009-2013) llegaron por la mañana al tribunal en el centro de la capital andaluza, esbozando una pequeña sonrisa y sin hacer declaraciones. Acompañados de los otros 20 acusados, ambos se sentaron lado a lado ante los jueces.
El juicio comenzó con la lectura de la acusación de la fiscalía, indicó a AFP una fuente judicial. Los imputados no empezarán a declarar hasta el 9 de enero, cuando se reanudará el juicio después de tres días reservados a las preguntas previas de las partes, este miércoles, jueves y viernes.
En su escrito, la fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación.
Para Griñán ha solicitado seis años de cárcel y 30 de inhabilitación, por prevaricación y malversación en el manejo irregular de un fondo público dotado de 854 millones de euros entre 2000 y 2011.
El propósito de ese fondo era costear los despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en apuros, o subvencionar a personas afectadas por esos despidos, conocidos administrativamente como Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
El problema, según la instrucción, es que los pagos se efectuaron mediante una estructura destinada a eludir los controles de los inspectores del gobierno andaluz.
El resultado es que de esta forma se concedieron discrecionalmente ayudas directas a determinadas sociedades, se pagaron comisiones a terceros y hasta se incluyó como beneficiarios de prejubilaciones a intrusos que nada tenían que ver con las empresas ayudadas.
La oposición conservadora y de izquierdas ve por ello en este esquema el corolario del «compadreo» practicado según ellos por los socialistas en Andalucía, con el fin de mantenerse en el poder en la región más poblada de España.
En declaraciones a la prensa, Inmaculada Nieto, diputada en el Parlamento regional andaluz por el partido Izquierda Unida, resumió este miércoles el sentir generalizado sobre el alcance político del proceso.
Los EREs «ejemplifican una manera de actuar del Partido Socialista desde el gobierno de la Junta de Andalucía, que le ha valido la consolidación de una red clientelar muy sólida», declaró la diputada de este partido, que no obstante gobernó en coalición con Griñán entre 2012 y el momento en que éste dimitió en septiembre de 2013.
