La tragedia de Miguel Eduardo Ramos comenzó el primero de septiembre de 2010, es decir, hace siete años. Según cuenta, ese día fue secuestrado presuntamente por funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Carabobo de Plaza de Toros.
En visita a El Carabobeño Ramos señaló que supuestamente los policías lo sacaron de su negocio (una tasca) y se le llevaron en su propio carro, que previamente habían sacado sin su autorización de un estacionamiento privado.
El comerciante citó que ese día lo llevaron a las Parcelas del Socorro. Allí supuestamente le pidieron cien millones de bolívares (de los antiguos), para dejarlo en libertad. Y como se negó a pagarlos, le sembraron droga.
En la audiencia presentación quedó en libertad, porque había denunciado a los funcionarios y al representante de la Fiscalía 29. El insistió en ir a juicio y cuando finalmente se inició, presuntamente la fiscal 29 y la jueza Lilian Tirado Madrid le propusieron que asumiera el delito que no había cometido y en contraprestación le devolverían el carro.
No aceptó el trato y decidió denunciar el caso en la Inspectoría General de Tribunales. Ramos esperaba que con esa acción, la jueza provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Penal de la Circunscripción Judicial Carabobo, Lilian Tirado Madrid, se inhibiera, pero esto no ocurrió.
“En vez de eso me condenó sin juicio a cuatro años con la confiscación del vehículo”.
Ramos relató que su condena se produjo el 18 de julio de este año, pero a la fecha la juez no ha publicado la sentencia, pese a que tiene 10 días para hacerlo, de acuerdo a la ley. Y mientras esto no suceda, él no puede apelar la decisión.
El afectado manifestó sentirse víctima de la mencionada juez, así como de la Fiscalía 12 y probablemente de la Defensoría Publica. Esto último lo presume, según señaló, porque el abogado que lo asistía lo mandaron de vacaciones y su lugar fue ocupado por un jurista muy joven, que no está al tanto de todo lo que ha ocurrido.
