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Cuatro horas de imputación fueron suficientes. El Tribunal Tercero en funciones de control en la entidad dictó privativa de libertad contra los dos funcionarios de la Policía de Carabobo presuntamente involucrados en el asesinato del estudiante Daniel Quéliz, la noche del lunes 10 de abril mientras protestaba para exigir la restitución del hilo constitucional en el país.

Con casi 72 horas de retraso inició la audiencia de presentación a cargo del juez Alfredo Toredit Rojas. Los delitos imputados fueron homicidio calificado y uso de armas orgánicas. El procedimiento se realizó tras la petición de la Fiscalía 28 de la región, cuyo titular es José Antonio López, basado en la investigación y experticias realizadas en el lugar de los hechos, en el conjunto residencial Los Parques, al sur de Valencia. Alexander Quéliz, padre de Daniel, estuvo presente en la audiencia.

Los privados en libertad fueron el oficial Edwin Romero, quien presuntamente disparó su arma de reglamento nueve milímetros al cuello de la víctima, y el supervisor Marcos Ojeda, jefe del comando de la Policía de Carabobo ubicado en la entrada de la urbanización.

La detención de los imputados se hizo efectiva a las 3:00 p.m. del miércoles 12 de abril. De acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, en un lapso de 48 horas después se debe hacer la audiencia de presentación de imputados, pero por ser día feriado estaba de guardia el Tribunal 5 que declinó la causa al despacho titular – el tercero – que retomó actividades el este lunes 17, después del receso de Semana Santa.

En principio fueron cinco los uniformados detenidos tras ser señalados por los vecinos como quienes a las 11:30 p.m. se bajaron de una unidad de la Policía de Carabobo y comenzaron a disparar contra los manifestantes que se encontraban en la parte interna de la urbanización. Tras las pruebas forenses y de balística y planimetría que realizó la Unidad Criminalística contra Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, se determinó que solo uno de los funcionarios había accionado su arma.

El siguente paso es la fase de investigación durante los próximos 45 días en los que el Ministerio Público debe presentara acto conclusivo, y el tribunal tiene 20 días para la fijación de la audiencia preliminar en la que los acusados pueden declararse culpables y ahí terminaría el proceso, de lo contrario pasan a juicio donde la defensa presenta sus argumentos.

El juez tercero de control, Alfredo Toredit Rojas, es conocido por firmar las sentencias que anularon el proceso del referendo revocatorio y por llevar la mayoría de los casos de presos políticos durante las protestas de 2014.




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