La votación en la costa este de Nicaragua para elegir a un total de 90 consejeros, una especie de parlamentarios de dos regionales autónomas, comenzó este domingo en medio de dudas sobre la transparencia del proceso y de una grave crisis sociopolítica en el país.
Un total de 419 centros de votación abrieron oficialmente a las 07.00 hora local (13.00 GMT), tanto en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) como en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), y de acuerdo a la ley electoral deberán cerrar a las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes).
Un total de 348.491 habitantes «costeños», mayores de 16 años, están habilitados para participar en las elecciones, según los datos del último padrón regional divulgado por el Gobierno de Nicaragua.
La cantidad de votantes podría elevarse debido a que el 19 de febrero pasado la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, reformó la Ley Electoral para que cualquier nicaragüense pueda depositar su voto sin necesidad de estar empadronado.
En los comicios de este domingo en la región Caribe de Nicaragua los habitantes, en su mayoría de cultura afrocaribeña e indígena, tienen la oportunidad de acudir a las urnas para elegir a 45 consejeros en el sur y otros 45 en el norte de esa franja de la costa de Nicaragua en el Atlántico.
En dichas elecciones, que se celebran cada cuatro años, participan 13 partidos nacionales y 6 partidos regionales.
La principal fuerza presente en esta contienda electoral es una alianza encabezada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
También compiten una alianza liderada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), principales de oposición, y el partido indígena Yatama («hijos de la madre tierra» en lengua miskita) y otros seis pequeños colectivos.
El FSLN es el favorito a ganar las elecciones regionales, en medio de la polémica por la transparencia de los comicios de la que dudan algunos partidos opositores como Yatama y CxL, y de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
Ortega, que lleva doce años seguidos en el poder, no acepta la responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».
En este contexto se instaló el pasado miércoles una mesa de negociación entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en un nuevo diálogo para superar la crisis después de un primer intento fallido en mayo de 2018.