La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN), controlada por la mayoría opositora, archivó hoy una denuncia presentada por un ciudadano contra el presidente panameño, Juan Carlos Varela, informó el Órgano Legislativo.

La querella criminal archivada fue presentada por el abogado Modesto Cerrud Duarte por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias.

Fernando Carrillo, parlamentario del opositor partido Cambio Democrático y presidente de la Comisión, dijo a los periodistas que este ciudadano denunció a Varela por no acceder a destituir a funcionarios públicos “que a su entender no estaban actuando de la manera más pristina en los cargos en los que están nombrados”.

Tras analizar todos estos elementos, los asesores legales de la Comisión recomendaron el archivo y el desconocer el tema relacionado con aquellos funcionarios públicos mencionados en esta denuncia “que no son competencia de esta Comisión”, señaló Carrillo.

Según la Comisión, el gobernante tiene la prerrogativa de nombrar o destituir funcionarios, por lo que consideró que lo apropiado es archivar esta denuncia.

Carrillo destacó que en esta instancia legislativa no existen más denuncias en contra del mandatario, pero se encuentran en proceso 12 denuncias contra magistrados.

El pasado 27 de marzo, un mes después de su re-reconfiguración y de pasar a ser controlada por la oposición, la Comisión rechazó por improcedentes tres denuncias de ciudadanos contra Varela, así como otra contra la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado.

La Comisión, por otra parte, tampoco acogió hoy una denuncia contra los magistrados del Supremo panameño Abel Zamorano, Harry Díaz y José Ayú Prado, presentada por el colombiano José Nelson Urrego, condenado en 2013 a 10 años de prisión por blanqueo de capitales producto del narcotráfico, cuya pena fue extinguida por un Tribunal en febrero pasado.

Carrillo dijo que los miembros de asesoría legal de la Comisión recomendaron no admitir la denuncia de Urrego, que “prácticamente era una queja” que “trataba de confrontar un fallo establecido ya” por el Supremo, cuyos veredictos, resaltó, “son finales y de estricto cumplimiento”.

Urrego fue detenido en Panamá en septiembre de 2007 y desde octubre de 2014 gozó de medida cautelar de país por cárcel y presentación periódica ante un tribunal, pero luego de serle extinguida la pena de prisión se determinó que podía salir del país.

En su sesión de hoy, la Comisión de Credenciales también archivó una denuncia penal presentada por el exseminarista y ahora abogado Marco Antonio Manjarrez Davis, en contra de los magistrados de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia por abuso de autoridad, extralimitación de funciones u omisión de éstas, por no acelerar la entrega de su idoneidad como letrado.

El presidente de la Comisión explicó que esta es una denuncia “amplia y sin especificación” hacia qué magistrado de la Sala Cuarta estaba dirigida, por lo cual no se acepto “pues no especificaba quién estaba actuando de mala fe”.

Manjarrez, quien se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la cárcel, fue condenado en 2004 a 20 años de cárcel por el asesinato en 2002 del sacerdote panameño Jorge Altafulla, y el 20 de enero de 2017 la justicia de Panamá le concedió libertad vigilada.

La Comisión de Credenciales es la única instancia que por ley puede investigar y juzgar al presidente del país y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. EFE




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.