La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó este viernes un manifiesto sobre la violación de los derechos humanos de la que, aseguran, son víctimas los políticos presos en el país.
«En la Venezuela de hoy hay más de 500 personas privadas de libertad, cada tortura recibida, cada maltrato, cada prisión que hay hoy (…) es violación de los Derechos Humanos. Tenemos que dejar constancia», dijo la presidenta de la comisión, la opositora Delsa Solórzano.
El reclamo de la opositora fue parte de su intervención en una sesión de esta instancia parlamentaria celebrada hoy desde las afueras del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde se encuentra recluido el fundador del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, desde hace más de tres años.
El debate se dio al término de una marcha de los parlamentarios acompañados de cientos de partidarios hasta la prisión militar para reclamar la libertad de quienes, aseguran, son «presos políticos».
El manifiesto, que fue aprobado con el voto de los opositores, que componen la mayoría del pleno, será luego sometido a un debate ordinario para que finalmente, dijo Solórzano, pueda elevarse a la Corte Penal Internacional.
Lilian Tintori, la esposa de López, reiteró su denuncia de que el político continúa en un régimen de aislamiento que lo mantiene incomunicado, incluso de sus abogados.
«Tenemos un mes sin ver a Leopoldo, sin escuchar su voz, sin una llamada familiar, si saber nada de él. Ni siquiera a los abogados los dejan pasar, lo que nos dicen arriba es que está sancionado, castigado, en aislamiento, incomunicado», dijo.
Según el director de la ONG Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob, en Venezuela hay un total de 178 presos por razones políticas, una calificación que ha sido rechazada por las autoridades venezolanas que sostienen que estos están detenidos por delitos comunes.
La movilización de hoy forma parte de la jornada de protestas que ha convocado la oposición venezolana desde el pasado 1 de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un «golpe de Estado» al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento.
Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas y se han saldado hasta ahora con 29 muertes, cerca de 500 heridos y más de mil detenidos.
