Al igual que el resto del país, las comunidades de Carabobo se encuentran afectadas por una Emergencia Humanitaria Compleja que en el derecho a la salud se ha
expresa en una severa caída de las capacidades del sistema sanitario
público, acarreando extensos y profundos daños a la vida y bienestar de la
mayoría de las personas.
Esto se desprende de un informe elaborado por varias organizaciones dedicadas al estudio de situaciones de salud en el estado como Médicos Unidos de Venezuela (Capítulo Carabobo) y la Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid Carabobo), junto a Codevida, Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida y Civilis Derechos Humanos, cuyas estadísticas dan escalofríos.
En el escrito elaborado por estas organizaciones se señala que en el pasado, Carabobo y particularmente Valencia, tuvo un gran crecimiento urbano, industrial, comercial y de servicios, que convirtió la ciudad en un centro receptor de gran cantidad de personas de otros estados del país.
Al menos 35% de las personas que buscan atención a sus problemas de salud en los centros sanitarios públicos y privados de Carabobo provienen de estados como Cojedes, Guárico, Lara, Yaracuy, Aragua y Falcon. Al no conseguirla continúan su desplazamiento hacia Caracas y desde allí más del 50% es nuevamente referido a la ciudad de Valencia, sin ninguna otra posibilidad de respuesta.
Muchos ciudadanos siguen llegando con necesidades de salud a los hospitales y
clínicas privadas de Carabobo que no pueden ser satisfechas por la pérdida de
gran parte de las capacidades sanitarias, situación agravada por el colapso de los servicios de electricidad, agua potable y transporte público que generan extremas vulnerabilidades, desamparo y riesgos para las vidas e integridad física y mental de la población con condiciones de salud prevenibles, diagnosticables, tratables y curables, si se garantizara el derecho a la salud y la asistencia humanitaria internacional.
Las estadísticas que manejan estas organizaciones no gubernamentales con alarmantes.
El 97% de los hospitales en Carabobo se encuentran sin insumos y la infraestructura en la cual funcionan presenta graves condiciones de deterioro, privando a las personas de atención. En abril de 2018, diputados denunciaron graves problemas de infraestructura en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia.
En los hospitales públicos el 70% de los quirófanos se encuentran inoperativos, existe un déficit de 40% de camas y 90% están sin agua potable. Los aires acondicionados de las habitaciones no están en funcionamiento. De acuerdo con el Boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales de diciembre de 2018 realizada por Médicos por la Salud, en Carabobo cinco de cada 10 personas no pueden operarse y la mitad de los que logran hacerse una cirugía deben comprar todos los insumos.
Además la mayoría de los hospitales públicos no cuentan con plantas eléctricas ante cortes eléctricos regulares y las clínicas privadas solo tienen capacidad para mantener la energía de las áreas de quirófano y cuidados intensivos en caso de falla eléctrica. Hasta septiembre de 2018, los cortes podían durar un promedio de 4 horas diarias. Por otra parte, las personas deben costear los productos de limpieza, los alimentos y hasta la papelería para récipes.
Los quirófanos son desinfectados, mas no esterilizados. Los hospitales también carecen de un sistema de historias medicas digitalizadas, no tienen computadoras ni acceso a internet. En más de 80% se ha reducido la capacidad de hacer diagnósticos en el estado Carabobo por falta de reactivos, insumos, equipos averiados y deterioro de la infraestructura de laboratorios.
Un 40% de los exámenes de Rayos X se realiza en clínicas privadas, quedando 53% de las personas que requieren de estos estudios sin ser atendidas. No hay disponibilidad de resonadores ni tomógrafos en los centros del sistema sanitario público, siendo atendidas solamente entre 12% y 15% de las personas que lo requieren en clínicas privadas.
Asimismo, sólo 10% de las personas pueden realizarse pruebas de medicina nuclear (ganmagrama, yodo radioactivo y exámenes con contraste) en hospitales públicos, con un lapso de espera de hasta de 6 meses, y 20% las paga en clínicas privadas. En la actualidad, prácticamente todos los exámenes que necesitan las personas con
condiciones crónicas deben hacerse en centros de atención privados.
Al menos 1.000 profesionales de la salud en medicina y enfermería de Carabobo han migrado del país y quienes denuncian y protestan han sido amenazados con destitución o prisión.
Al menos unos 1.000 médicos y profesionales de enfermería han abandonado sus cargos para migrar del país, debido a que sus salarios no permiten una mínima subsistencia y las condiciones de trabajo son muy precarias.
También emigran los médicos recién egresados, quedando los postgrados sin alumnos y los centros de salud tantos públicos como privados sin generación de relevo, sustituidos muchas veces por Médicos Integrales Comunitarios, cuya formación no cumple
con requisitos académicos y prácticos avalados por las facultades de medicina de las universidades nacionales.
En marzo de 2018, un médico ginecobstetra de la Maternidad del Sur recibió oficio de reubicación de su centro de trabajo por su campaña dirigida a la recuperación de este hospital materno-infantil del estado; y posteriormente fue suspendido del cargo con apertura de expediente administrativo por la misma razón.
En junio de 2018, cuando inició un paro de profesionales de la salud a nivel nacional, dos médicos residentes de la CHET fueron detenidos arbitrariamente durante varios días por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
atribuyéndoles, sin pruebas, el delito de hurto de insumos del hospital.
Igualmente, integrantes del gremio de enfermería de la CHET denunciaron ser amenazadas con ser destituidas y encarceladas por realizar protestas.
Las muertes maternas y neonatales continúan aumentando en Carabobo por falta de insumos y medicinas y el elevado número de embarazos tempranos sin control médico. Hasta abril de 2018, la situación de la atención materna y neonatal en Carabobo era alarmante. Los principales centros disponibles no tenían condiciones para funcionar adecuadamente, ocasionando un elevado ascenso de las muertes en recién nacidos y embarazadas.
En la Maternidad del Sur se habían perdido 75% de las camas para parto; durante 10 años se encontraban suspendidas las cesáreas electivas; las embarazadas debían comprar todos los materiales para ser ingresadas; y el laboratorio se encontraba cerrado, entre otras deficiencias graves. Aunque esta maternidad recibió recursos para la rehabilitación y mantenimiento de las áreas de emergencia y cirugía a finales del año 2018 , los insumos y medicinas que llegaban seguían siendo insuficientes.
La población más vulnerable a la pérdida de las capacidades de atención sanitaria son los niños y particularmente los recién nacidos, cuyas cifras de mortalidad son las más altas en la población infantil menor de 1 año de edad, por nacer de manera prematura, desnutrición,hipoxia, complicaciones del parto y las infecciones. El 70% de las muertes neonatales son embarazos tempranos, la mayoría de los cuales no han tenido ningún control médico.
Más de 70% de las personas con condiciones crónicas no tienen acceso a diagnostico oportuno ni a tratamientos. Al menos 83 personas con VIH fallecieron por falta de antirretrovirales en Carabobo el año pasado. 77% de las personas con cáncer en el estado no tiene acceso a medicamentos y 50% tampoco consigue tratamiento de radioterapia; 50% de estos pacientes no tuvo un diagnóstico oportuno.
La mortalidad de niños con cáncer asciende a 80% por falta de acceso a diagnóstico y tratamientos de calidad de forma oportuna. La Unidad de Oncología del Hospital Ángel Larralde del Seguro Social cerró, refiriendo las personas al Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño y a la CHET. El 20% de niños con condiciones de salud crónicas hospitalizados son abandonados por sus padres debido a que carecen de medios económicos para mantenerlos.
Más de 90% de las personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales por parte del Estado. Otras personas con condiciones crónicas sin acceso a tratamientos son:Leucemia (57%), Parálisis Cerebral (59%), Artritis (69%), Esclerosis12 (70%), Síndrome Pulmonar Obstructivo (77%), Diabetes (79%). 60% de las personas con Parkinson obtienen parte de su tratamiento de forma privada, 10% lo consigue a veces en el sistema sanitario público y 23% no tiene ningún acceso. Muchas personas con condiciones crónicas presentan otras complicaciones por la prevalencia de otras condiciones de salud trasmisibles como VIH, Difteria, VIH, Hepatitis y Mononucleosis, entre otras.
Hasta 18 meses espera un paciente con condiciones crónicas para ser atendido en el sistema sanitario público de Carabobo, única opción disponible dado que 85% no cuenta con ningún seguro médico. Solo se le atiende si se le presenta una emergencia.
Las personas con problemas de salud mental se encuentran privadas de atención en Carabobo y las que se atendían y no tienen familias que se encarguen de ellas son enviadas a la calle. Estos pacientess, sin importa la edad, no son diagnosticados sino al momento de hacer crisis, tampoco tienen acceso a tratamientos post crisis y muchas son abandonados por los familiares.
El hospital psiquiátrico de Valencia ha disminuido drásticamente sus capacidades de atención y hospitalización por falta de alimentos, agua y personal, no acepta nuevos ingresos y las personas que se consideran no agresivas, sin familiares o cuidadores responsables, son enviados a la calle por su cuenta y terminan en situación de indigencia. De igual manera, las personas que antes recibían medicación para cuadros de depresión en el sistema sanitario público, han engrosado las estadísticas de suicidios, llegando a un promedio de tres suicidios semanales, episodios de agresión a sus cuidadores y crisis generales de salud.
En e informe se señala además que la contaminación del agua, la falta de higiene y la escasez de alimentos se han convertido en graves problemas de salud pública en Carabobo, que afecta con mayor severidad a niños, mujeres y personas mayores. La contaminación del agua en Carabobo está aumentando las infecciones y las diarreas. El 20% de pérdida de visión y 98% de las diarreas son consecuencia de aguas contaminadas. En las consultas de pediatría se han incrementado los casos de desnutrición por la baja ingesta alimentaria e intoxicación por alimentos descompuestos que pierden la cadena de frío debido a las fallas eléctricas o por plantas y brebajes medicinales inapropiadas.
Las infecciones urinarias y anales son frecuentes por falta de higiene y agua. 74% de las personas mayores atendidas en centros de salud públicos presentan un peso corporal por debajo del mínimo requerido por pasar hambre, debido a que consumen menos alimentos y éstos son bajos en proteínas. Un; 35% presenta cuadros de deshidratación severa por falta de agua potable; 16% con condiciones de salud crónicas no tienen acceso a tratamientos de manera regular; y 16% tiene alto desgaste físico y lesiones musculares al hacer extenuantes caminatas y esperar largo tiempo en filas para realizar cualquier trámite (adquirir alimentos, cobro de pensiones y gestiones bancarias). Un gran número de estas personas ha perdido apoyo familiar por la migración de sus integrantes. Las barreras de transporte, aunada a la crisis económica, falta de insumos, reactivos, equipos y medicamentos, deterioran rápidamente la salud de las personas afectadas.
