Miembros de la Comunidad de Representantes de la Unidad Educativa “Colegio La Esperanza”, que funciona en la urbanización San José de Tarbes de Valencia, aseguran estar siendo atropellados por decisiones unilaterales que toma la directiva del plantel.
Voceras del Consejo Educativo del Colegio La Esperanza afectadas por la situación, expresaron que el problema tiene que ver con cobros exagerados que está haciendo la directiva de la institución, que afecta la economía de los padres y representantes.
Manifestaron su inconformidad porque, a pesar de haber hecho la denuncia ante la zona educativa, y ante la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Económicos en Carabobo, no se ha hecho nada al respecto para solucionar el problema.
Las voceras, representadas por Angie Velazco, explicaron que cuando se estableció el nuevo monto de la matrícula, el colegio no cumplió con la ruta administrativa para aprobar la estructura de costos. Es decir, hizo firmar al Comité Evaluador para la Estructura de Costos, unos acuerdos para blindar el proceso de inscripción “como ellos lo querían de manera unilateral.
Ante esta situación, la comunidad de representantes hizo la denuncia ante el Sundde Carabobo en agosto, pero como no se procesó con la rapidez que se esperaba, la llevaron ante la misma dependencia, pero en Caracas.
Los representantes siguen esperando respuesta del organismo oficial, pero ya están angustiados porque se acerca el reinicio de clases.
Velazco explicó que el colegio subió la mensualidad, de 95 dólares a 145 dólares, es decir un 52 por ciento. No tomó en cuenta la sugerencia de Andiep, de que fuera solo el 40 por ciento.
Está cobrando la matrícula de 145 dólares, y una cuota adicional por el mismo monto para mejoras de infraestructuras, lo cual no fue aprobado en asamblea de representantes, pero la zona educativa de Carabobo y la Sundde regional, lo autorizaron a través de un memorándum circular, según señaló la declarante.
Estas dos instituciones también autorizaron al colegio para que cobre una membrecía de 450 dólares (variable), a pesar de que no es un club, sino un plantel educativo sin fines de lucro.
Velazco indicó que habló con la directora de la zona educativa, Xiomara Luna, y le pidió que revisara el memorándum porque no fue aprobado por la comunidad de representantes, pero la funcionaria respondió que su despacho no tiene injerencia en los estados financieros de los colegios.
A su modo de ver, no se comprende por qué la zona educativa de Carabobo autoriza ese memorándum favoreciendo al colegio, si no tiene injerencia en los estados financieros. Y las reglas para establecer los montos están claramente determinadas en la Resolución 114 de 2014 y las siguientes. Por eso tuvieron que acudir al Ministerio de Educación y la superintendencia de Caracas.
Angie Velazco dijo que la inscripción también incluye 41 dólares por un seguro escolar que debe ser pagado en dólares en efectivo y 40 más por un material de idiomas, lo cual representa un alto monto para un padre que tenga dos hijos en el plantel, como es su caso.
Manifestó que la institución pretende inscribir este año 640 alumnos.
Comentó que siempre ha estado al día con sus pagos en el colegio, pero junto a otros 224 padres y representantes que la acompañan en esta lucha, no está de acuerdo con lo que viene ocurriendo.
“Nosotros no nos estamos negando a pagar por la educación de nuestros hijos, solo queremos que haya precios justos”.
Señaló que esta situación viene ocurriendo con la nueva administración del colegio, que además despidió a seis excelentes profesores, bajo el argumento que no quiere trabajar con nadie que haya tenido relación con la administración anterior.
Velazco lamenta que esto esté ocurriendo en un colegio de la Iglesia Evangélica Luterana de Valencia, que se identifica como una asociación civil sin fines de lucro.
Bianca López y Rosana Forti, también voceras, cuestionan que la institución se niegue a realizar una asamblea de padres y representantes para tratar el asunto.
«Nosotros, los representantes unidos del Colegio La Esperanza, queremos una respuesta de la Sundde antes del comienzo de clases, donde se determine qué es lo que debemos pagar por el servicio educativo».
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