Ante instancias internacionales la comunidad universitaria denunciará las agresiones de las que han sido víctimas las autoridades unviersitarias, decanos, profesores y estudiantes, por parte del gobierno nacional, pero en especial del gobernador Rafael Lacava.
Esta es la decisión unánime del Consejo Universitario, presidido por la rectora Jessy Divo y al que asistieron el vicerrector académico Ulises Rojas, el vicerrector administrativo José Ángel Ferreira; el secretario Pablo Aure y los decanos de las siete facultades; cuerpo directivo, docentes, trabajadores y estudiantes de esta casa de estudios.
Las agresiones no son nuevas, ni provienen exclusivamente del gobierno nacional. Los profesores Santiago Guevara, Rosmary Di Pietro, Julio García y Rolman Rojas estuvieron presos en distintas cárceles del país.
El gobernador Rafael Lacava emprendió un ataque despiadado contra la Universidad de Carabobo, en especial contra la rectora Jessy Divo y el secretario Pablo Aure, a quienes acusa vía Twitter de haber autorizado la reventa de alimentos destinados al comedor.
Iván Uzcátegui, presidente de la Federación de Centros Universitarios y Ramón Bravo, director de comedores, están privados de su libertad luego que ambos fueran acusados por Lacava, también vía twitter, de revender los alimentos que el gobierno envió al comedor de la casa de estudios. Ahora engrosan la lista el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, David Rutman, y el vicerector administrativo, José Angel Ferreria, a quienes el mandatario calificó de bandido y ladrón, respectivamente.
Ante tales acusaciones, el Consejo Universitario de la UC fijó posición. Numerosas intervenciones precedieron la lectura de un acuerdo en el que los universitarios muestran su disposición de acudir a organismos internacionales para ponerle cese a los ataques de Lacava a la UC, en especial ante la cercanía de las elecciones estudiantiles, previstas para el 14 de noviembre.
Las opiniones fueron coincidentes. Los estudiantes están llamados a asumir la defensa de la golpeada autonomía, pero también se debe exigir más participación de otros sectores universitarios, ausentes frente a la gravedad de lo que ocurre hoy en la UC. Entienden los ataques como la respuesta a una universidad que, al ser un espacio pra la libertad, es incómoda para este tipo de gobiernos.
La universidad enfrenta una grave crisis económica, que ha derivado en un deterioro evidente de sus espacios, transporte, comedor, laboratorios, entre otros. La falta de un presupuesto adecuado por parte del Gobierno nacional cada día la pone en peor situación. ¿Cómo podrá hacer campaña electoral el gobierno en la UC cuando la actuación ha sido tan ineficiente?, se preguntó el decano David Rutman.
Convocar al resto de las universidades y desplegar la lucha en las calles para defender la vulnerada autonomía fue otra de las propuestas. Cubrir las instancias nacionales, como la denuncia en fiscalía contra quienes atacan la universidad, para luego ir a los espacios internacionales fue otro planteamiento.
Al término de las intervenciones, la rectora Jessy Divo leyó la decisión del Consejo Universitario, que será delineada por los consultores jurídicos de la UC: Se conformará un expediente que defina los antecedentes de esta situación y que incluya nombres de miembros de la comunidad universitaria perseguidos por el gobierno regional y concretamente por Rafael Lacava.
Considerando la violación de DDHH de los miembros de la comunidad universitaria, acudirán a todas las embajadas radicadas en el territorio nacional. «Ya los voceros de esas embajadas se ratificaron a la disposición de la UC, ellos serán nuestros interlocutores legítimos. Es decir no estamos solos ni en lo nacional ni en lo internacional, porque esos representantes entienden que no es un mes, son 20 años de agresiones contra las instituciones de educación superior», detalló la rectora.
También acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la ONU, la delegación de la Unión Europea en Venezuela, el Grupo de Lima, la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, a la UNESCO, Human Rights Watch, Amnistía internacional, la Red de Universitarios de América latina, la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. «Es una larga lista a la que se consignará el expediente, una vez elaborado por los asesores legales, con las denucnias, antecedentes, pasando por todas esas calumnias, amenazas y persecución en redes y fuera de ellas».
La rectora anunció que a esos organismos se solicitarán las sanciones por todas las violaciones a los derechos humanos contra los integrantes de la Universidad de Carabobo. «La UC marcará pauta y la universidad venezolana tiene que levantar su voz para rechazar esta arremetida y amenaza tan fuerte que sufrimos los representantes de la UC».
El Consejo Universitario acompañará estas denuncias ante instancias internacionales porque más allá de nuestra vida y nuestra libertad, está en juego la vida institucional y ese derecho no le asiste a nadie, sentenció Divo. La propuesta se aprobó por unanimidad
