Comunidades indígenas
Foto referencial.Cortesía Crónica Uno.

Comunidades indígenas de Bolívar y Amazonas han denunciado, al menos desde 2013, la presencia de grupos irregulares armados. Aseguran que estos los someten para despojarlos de sus territorios o ejercer la minería ilegal.

Recientemente, el observatorio indígena Kapé Kapé, confirmó el asesinato de tres indígenas jivi de la parroquia Guarataro, en el municipio Sucre del estado Bolívar.

El hecho ocurrió el pasado martes 19 de julio y los cuerpos los entregaron esa misma tarde. Según familiares, el asesinato fue por parte de grupos armados que operan en esa zona. Aseguraron que las víctimas no se dedicaban a la minería y estaban haciendo mañoco (alimento) cuando los asesinaron.

Los familiares no quisieron declarar por temor, situación que se repite con cada caso.

Antecedentes

La presencia de grupos armados en estados fronterizos de Venezuela no es nueva. Las masacres en el sur de Bolívar no solo se han dado por incursiones militares, también por grupos irregulares armados de la zona o la guerrilla colombiana.

De acuerdo con un informe de Provea emitido en 2018, señaló que en mayo de 2013 «comunidades indígenas que habitan las cuencas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco Medio, dirigieron una comunicación a la representación de la Farc-EP que hacía presencia en sus territorios, con el objetivo de manifestarles su desacuerdo con dicha presencia».

Los indígenas reclamaron que a su hábitat lo amenazaba la actividad minera.

Las denuncias en todos estos años se llevaron a las diferentes instituciones militares y organismos públicos. Sin embargo, siguen sin una respuesta efectiva que acabe con la violencia armada en estos estados.

«Hay que recordar que, en dos oportunidades, comunidades indígenas del estado Bolívar han neutralizado a integrantes de la Fuerza Armada realizando minería ilegal de manera directa, y han denunciado su complicidad con grupos irregulares que se movilizan por los territorios donde se practica», señaló la investigación de Provea.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 no solo se incrementó la actividad minera. También aumentaron las afectaciones ambientales y las disputas por estos territorios. El Estado, por su parte, figura como cómplice, bien por acción u omisión ante los hechos que allí ocurren.

Más asesinatos

El boletín 34 de la ONG Fundaredes, de septiembre de 2021, también da cuenta del sometimiento de grupos armados a comunidades indígenas.

Ese año, debido al trabajo en las minas, asesinaron a dos indígenas en Amazonas. Uno de ellos fue José Dacosta, de la etnia jivi, quien tomó por equivocación una lancha de un guerrillero. La otra víctima fue la maestra María Hernández. La docente se inició en la actividad minera obligada por las precarias condiciones del sistema educativo en la zona.

«Los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias semi nómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías, así como de productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente», indicó Fundaredes.

La ONG incluso entregó a las autoridades venezolanas las coordenadas de ubicación sobre la presencia de garimpeiros en el estado Amazonas, en la frontera con Brasil.

Allí hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje para transportar entre 40 y 100 kilos de oro a diario, de acuerdo con la información recabada por nuestros activistas en la zona, que han contabilizado cerca de 400 de estos garimpeiros armados y 30 máquinas haciendo minería ilegal», destacó Fundaredes.

Indígenas yekuana y sanema, aseguraron que asesinaron a líderes indígenas que denunciaron estas irregularidades.

La guerrilla gana terreno

El boletín de Fundaredes menciona un análisis del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado. Allí se destaca que desde 2018 grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han trasladado parte de sus actividades criminales a Venezuela. 

Asimismo, estudios de International Crisis Group y Human Rights Watch sugieren que estos grupos disidentes tienen mayor presencia en la frontera colombo-venezolana de Amazonas. Desde allí controlan corredores estratégicos para el tráfico de drogas, minerales y gasolina.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), igualmente, fortaleció su presencia en Amazonas y Bolívar, hacia la frontera con Brasil y Guyana.

En junio de 2021 Fundaredes denunció ante la Defensoría del Pueblo que el ELN «ha desplegado agresivas acciones con movilización de tropas y ocupación de territorios que han obligado al desplazamiento de comunidades. Además, ha sumado a sus filas a integrantes de etnias indígenas como los yaruro y los cuibas en el estado Apure, y también en los municipios Cedeño, Sucre y Sifontes del estado Bolívar».

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