A media noche de este viernes, La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confiscó equipos de la emisora Selecta 102.7 FM, ubicada en Machiques de Perijá, Zulia.
Así lo denunció a través de las redes sociales la ONG Espacio Público, quienes destacan que este ocurrió una semana después de que este medio de comunicación «fuese atacada por un grupo de presuntos indigentes, supuestamente aupados por la alcaldesa Betty de Zuleta», luego de una entrevista con el diputado opositor zuliano Juan Pablo Guanipa».
#DenunciaEP | Funcionarios de Conatel confiscan los equipos de Radio Selecta 102.7 FM el viernes #5Mar en Machiques, estado #Zulia.
Este hecho ocurre una semana después de que la emisora fuese atacada por un grupo de indígenas impulsado por la alcaldesa, Betty de Zuleta #6Mar
— Espacio Público (@espaciopublico) March 6, 2021
El atropello se produjo una semana después de que en la emisora se hiciera una entrevista a los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa y Alfonso Marquina. Ocasión en la que la alcaldesa chavista de la castigada población envió un grupo a hostilizar y causar daños en la planta.
— Milagros Socorro (@MilagrosSocorro) March 6, 2021
Ayer, viernes 5 de marzo, funcionarios de Conatel se presentaron a medianoche en la sede de la emisora radial Selecta 102.7 FM, en Machiques, estado Zulia, para cerrar este medio de comunicación y confiscar los equipos.
(Hilo)— Milagros Socorro (@MilagrosSocorro) March 6, 2021
AvanceIPYSve | Funcionarios de Conatel confiscaron los equipos de la emisora Selecta 102.7 FM el viernes #5Mar en Machiques, estado #Zulia.
Este hecho ocurre una semana después de que un grupo de personas violentas causaran daños en la fachada del medio #6Mar
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 6, 2021
Por otra parte el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela advierte que el periodismo venezolano cada vez más se enfrenta a riesgos más notales.
374 atropellos contra la prensa en 2020
Según los registros de IPYS Venezuela, en su más reciente artículo “El Virus de la Censura”, en todo el país se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, período en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país.
La curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros. La emergencia sanitaria por COVID-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo.
El documento presentado hoy expone que ocurrieron 338 violaciones por categorías tradicionales: uso abusivo del poder estatal, 102 casos; limitaciones de acceso a la información pública, 63; acciones legales y administrativas, 29; censura previa, 13; censura interna, 12; e impunidad, un solo caso.
Además, periodistas en todas las regiones del país denunciaron que la escasez de combustible se ha sumado a la larga lista de limitaciones que ya tenía la prensa en todo el territorio nacional.
IPYS Venezuela recibió testimonios de reporteros de Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia, quienes coincidieron en los múltiples problemas que ha traído la falta de distribución de gasolina, y la discrecionalidad de las autoridades regionales al excluir a los medios de comunicación de los sectores priorizados en el país.
La persecución del gobierno de Nicolás Maduro se agravó desde el 2020, por lo que el IPYS de Venezuela registró 325 atropellos contra trabajadores de medios de comunicación.
Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación quedaron señalados en el informe anual de IPYS Venezuela, titulado El virus de la censura, reseñó ipysvenezuela.org
“La emergencia sanitaria por la COVID-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo”, expone.