El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, acudió a la Defensoría del Pueblo, con sede Puerto Ordaz, para solicitar que se preserven las garantías constitucionales y derechos humanos de las más de 11 mil 772 afectados en el estado Bolívar por la crecida del río Orinoco, que superó la cota de 18 metros sobre el nivel del mar.

Según el balance presentado por Yáñez a esta dependencia del Poder Moral, 738 lactantes, 738 niños, 316 adolescentes, 1078 adultos, 242 adultos mayores y 17 discapacitados, componen el grupo de ciudadanos en condiciones deplorables, solo en el municipio Caroní. Además de los cambios climáticos que azotan la zona, atribuye que estos daños persisten por la falta de actuación oportuna de la autoridades.

“Ya basta que el alcalde fantasma de Caroní no se ocupe de sus responsabilidades, por eso estamos en la Defensoría apelando al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que los obliga a velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como amparar y proteger intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas”, dijo el edil, a la espera que se instale un mesa técnica conjunta para atender a los más afectados por la contingencia.

Acompañado de un grupo de militantes de Primero Justicia, Yáñez reiteró que en los lugares habilitados como refugio han podido constatar que no cumplen con las condiciones básicas para la estadía de estas personas: Se evidencia un claro hacinamiento y brotes de enfermedades como dengue, paludismo, entre otras, consecuencia de las aguas estancadas.

El edil emplazó al Defensora del Pueblo en el municipio a que exhorte a los organismos y autoridades competentes a realizar las acciones necesarias para garantizar los principios más básicos y fundamentales, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República vigente.




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