La justicia vaticana condenó este jueves a casi nueve años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales.
Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto de Obras de Religión (IOR, nombre oficial del banco) durante veinte años, hasta 2009, resultó condenado junto con el abogado Gabriele Liuzzo, de 97 años, a ocho años y once meses de cárcel por desfalco, al apropiarse ilícitamente de decenas de millones de euros tras la venta de una veintena de propiedades en Roma y Milán.
El hijo del abogado, Lamberto Liuzzo, terminó condenado a cinco años y dos meses de cárcel, además del pago de una alta indemnización.
Según los investigadores, los tres condenados desfalcaron por más de 50 millones de euros (60 millones de dólares) al banco vaticano durante la venta de decenas de inmuebles, realizada prácticamente sin publicidad ni control alguno entre 2001 y 2008.
El caso quedó al descubierto en 2014, cuando se incautaron las cuentas bancarias de los dos ejecutivos del banco y el abogado.
De 29 ventas investigadas, unas 21 se realizaron «por debajo de su valor y el dinero ahorrado por los compradores terminó en los bolsillos de los acusados», explicó a la AFP el abogado del IOR, Alessandro Benedetti.
Numerosos escándalos
El Banco del Vaticano, fundado en 1942, ha sido objeto de numerosos escándalos a lo largo de su historia, algunos de los cuales involucraron a la mafia siciliana.
Los clientes de la entidad son sacerdotes, monjas, conferencias episcopales, fundaciones y organizaciones religiosas de todo el mundo.
El juicio por malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales comenzó hace dos años y medio, en mayo de 2018.
Se trata de la primera vez que el Vaticano solicita la cárcel por un delito financiero.
A principios de diciembre, el fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, había solicitado ocho años de prisión para Angelo Calaoia y Gabriele Liuzzo, por blanqueo y malversación de fondos, así como el decomiso de más de 50 millones de euros de sus cuentas.
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