EFE
La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este jueves el embargo dictado en julio pasado sobre 5,7 millones de dólares de cuentas y cajas de seguridad propiedad de Florencia, hija de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, informaron fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini encabeza una investigación sobre presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en Hotesur, empresa administradora de hoteles propiedad de la ex familia presidencial.
El pasado julio, la Justicia dispuso el embargo sobre los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad de Florencia, así como 1,03 millones de dólares de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.500 dólares) de otra, un dinero que la joven dijo era producto de la herencia de su padre, que falleció en 2010, y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
Por ese embargo, el abogado de los Kirchner Carlos Beraldi presentó un recurso de apelación, que este jueves fue rechazado, orientado a “cuestionar la legalidad del modo en que se habría obtenido la información” que sirvió de antecedente para el dictado de los embargos preventivos impugnados, señaló el Centro de Información Judicial (CIJ).
La apelación presentada por Beraldi está basada principalmente en que la investigación sobre esas cajas de seguridad puede surgir de un “ilícito”, en referencia a la denuncia de la diputada opositora de centro izquierda Margarita Stolbizer -que impulsó que se realizara el embargo- en la que alertaba de “movimientos extraños” en las cuentas bancarias de la expresidenta y de sus hijos.
Tras esa acusación, Fernández remarcó que la denuncia de Stolbizer -a quien demandó- se basó en una mala interpretación de la información que fue encontrada en un estudio contable allanado a decisión del juez Claudio Bonadio -a quien también denunció- en el marco de otra causa que la afecta, y que investiga a otra de sus empresas, Los Sauces.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del gobierno de entonces de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
El expediente busca determinar si la pareja presidencial, así como sus hijos Florencia y Máximo, resultaron beneficiarios en forma “sistemática y coordinada” de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública “favorecidos” por el Estado “habrían realizado a favor de ellos”.
En esta causa la Justicia todavía no ha determinado si la expresidenta o sus hijos deben ser citados a declaración indagatoria.
