El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró mil 963 protestas en abril de 2019, equivalente a un promedio de 65 diarias. Esta cifra representa un incremento de 47% en comparación con el mismo período del año pasado.
El informe mensual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social del mes de abril da cuenta del aumento de las manifestaciones ciudadanas en el país en rechazo al colapso y precariedad de los servicios básicos. En se exige un cambio político que permita recuperar la democracia y superar la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza con el pasar de los días.
Informe OVCS: Distribución geográfica de las protestas
La ciudadanía atendió los llamados políticos a manifestar y también tomaron las calles espontáneamente para rechazar el colapso de los servicios básicos.
Los cinco estados con mayor índice de protestas fueron: Lara (297), Miranda (255), Trujillo (113), Zulia (110) y Táchira (100). Se determinó que persiste el sistema de represión como política de control y amedrentamiento contra los manifestantes, así como el uso de grupos de exterminio para reprimir y sembrar terror.
El OVCS también documentó el bloqueo sistemático y continuo a medios de comunicación, acompañado de persecuciones y ataques contra los trabajadores del gremio. Cierre de medios radiales, que suelen tener mayor acceso en zonas de escasos recursos. Las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle y marchas.
Aumentan las protestas combinadas
La calle se consolida como el espacio de lucha y exigencia de derechos en Venezuela. Cada vez más se exigen varios derechos en una misma protesta. En abril, el OVCS registró como un caso inédito que el número de derechos demandados fue superior al número de protestas. Este fenómeno ocurre porque en una misma acción de calle se reclaman varios derechos al mismo tiempo, lo que se denomina protestas combinadas.
En abril, distintos actores sociales y políticos se unieron para exigir de manera conjunta diversos derechos en una misma jornada de protesta. Por ejemplo, en una protesta en rechazo a los cortes eléctricos, los vecinos también aprovecharon para exigir cambio de gobierno o denunciar la represión, entre otros.
De las mil 963 protestas documentadas en abril, 942 fueron combinadas. En términos porcentuales esta modalidad de protestas representó el 48% del total registrado.
Derechos políticos
En abril se mantuvo la tendencia de conflictividad ligada al escenario político.
El OVCS documentó 677 manifestaciones para exigir solo derechos políticos, principalmente cambio de gobierno y respaldo a las acciones del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional (AN). Adicionalmente, los ciudadanos también exigieron sus derechos políticos durante otras 547 protestas vinculadas a servicios básicos, derechos laborales, derecho a la alimentación o derecho a la salud.
En general, los derechos políticos fueron exigidos de forma individual o combinada en al menos mil 224 oportunidades. La población se ha manifestado de manera constante en asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle y cacerolazos su rechazo a Nicolás Maduro, responsabilizándolo por la crisis económica, las dificultades de acceder a alimentos y medicinas, y los problemas de servicios públicos.
La recuperación del orden constitucional y la vigencia del Estado de derecho y respeto a los derechos humanos han tomado cada vez más relevancia dentro de la población, que se ha sumado de forma pacífica y progresiva a las actividades convocadas por los partidos de oposición.
El 30 de abril se anunció la fase final de la Operación Libertad, estrategia política del presidente interino Juan Guaidó para el rescate del hilo constitucional y la democracia en Venezuela. Esta acción recibió el apoyo de numerosos ciudadanos en el país, integrantes de partidos políticos, funcionarios militares y de diversas instancias internacionales y gobiernos de otros países. Ese día el OVCS registró manifestaciones de apoyo popular a la Operación Libertad en los 23 estados y el Distrito Capital.
Colapso de los servicios básicos
Las fallas eléctricas, de agua potable y gas doméstico siguen siendo uno de los principales problemas que enfrentan los venezolanos, en detrimento de su calidad de vida. La precariedad de los servicios básicos ha impactado de forma negativa en el libre desenvolvimiento de sus tareas diarias.
El mes pasado se registraron 506 protestas solo por servicios básicos.
En el contexto de las protestas combinadas, sociales o políticas, las exigencias por agua, electricidad y gas se hicieron presentes en mil 893 oportunidades.
El OVCS identificó que en la mayoría de los casos los servicios de electricidad y agua potable fueron exigidos de forma conjunta en una misma protesta.
Después de los apagones registrados en marzo, la crisis eléctrica no ha sido superada. Si bien, algunas zonas de la Gran Caracas (Distrito Capital y 4 municipios de Miranda) tienen estabilidad temporal, no es la realidad de todo el país.
La respuesta del régimen de Nicolás Maduro es ineficiente, al implementar programas de racionamiento eléctrico y establecimiento de horarios parciales para actividades académicas y laborales, sin tomar en cuenta los verdaderos problemas del sector como son la falta de mantenimiento y la desinversión.
En ocasiones los cronogramas de cortes de electricidad no se cumplen según los tiempos y horarios estipulados. En la mayoría de los estados continúan los apagones no programados por horas o días completos en zonas rurales y urbanas. Esto imposibilita que el ciudadano tenga otros servicios asociados a la energía eléctrica: no funciona el bombeo de agua, no hay Internet, ni tampoco las cocinas eléctricas por lo que requieren recurrir a otras medidas para satisfacer sus requerimientos. .
La falta de agua y la insalubridad del líquido han impactado negativamente el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de las familias, la prestación de actividades y servicios médicos, estudiantiles y laborales.
Esta situación afecta los presupuestos de las familias venezolanas que se ven obligadas a pagar camiones cisternas de agua a altos precios, en moneda extranjera e incluso, se corre el riesgo de no ser potabilizada.
Entretanto, las constantes fallas en la distribución de gas doméstico reflejan el drama sufrido en hogares venezolanos, que se ven obligados a implementar antiguas técnicas para la preparación de sus alimentos como cocinar los alimentos a leña, poniendo en riesgo su salud e integridad física.
Sin internet ni telefonía
La alarmante y continuada interrupción en servicios de internet, telefonía fija y móvil también han ocupado un lugar en las protestas por servicios básicos. La mayoría de las quejas tiene que ver con falta de acceso a la información. Este patrón recurrente se enmarca sobre todo en las alocuciones políticas de sectores de la oposición, lo que hace presumir que se trata de una estrategia oficial para mantener aislada, desconectada y desinformada a la población.
Derechos laborales
En menor proporción que el pasado mes, las protestas laborales no dejaron de estar presentes en abril, cuando se reportaron 107, equivalente a 3 diarias.
Los principales reclamos de los trabajadores tienen que ver con la escalada de precios que ha destruido la capacidad adquisitiva del salario, afectando sus posibilidades de una alimentación adecuada. La situación se agudiza frente a la falta de políticas económicas y la imposibilidad de una recuperación, en vista de que la solución a sus demandas solo puede ser posibles bajo un Gobierno que garantice confianza y condiciones para que se reactive el aparato productivo.
Los trabajadores, también, ven minimizadas sus condiciones de trabajo frente a los problemas del país: no cuentan con servicio de transporte adecuado que garantice el traslado, han reducido la jornada de horario por la emergencia eléctrica, sus hijos no han podido asistir regularmente a la escuela y, en algunos estados, no han podido darle continuidad a las jornadas laborales por los apagones.
Ataques e intentos de ataque a los comercios
Se registraron 46 ataques o intentos de ataque en distintas localidades a nivel nacional, afectando a múltiples industrias, servicios de transporte y locales comerciales de todas las ramas.
Preocupa el aumento de este tipo de manifestaciones violentas, cuya causa principal tiene que ver con el hambre, la desesperación y la impunidad, factores que en abril se combinaron con el colapso en la energía eléctrica y los apagones.
Represión, muerte e indolencia contra manifestaciones
Como respuesta a la organización ciudadana y la reactivación de un liderazgo político opositor, el régimen de Maduro apeló al Sistema de Represión para impedir el crecimiento y conexión de distintas protestas.
El uso de fuerza letal en contra de manifestantes pacíficos no ha logrado que las protestas disminuyan en el país. Los venezolanos no han dejado de protestar a pesar de la fuerte represión, criminalización, riesgos y amenazas. Los índices mensuales de protesta revelan un crecimiento acelerado de la conflictividad a nivel nacional y mayor participación de ciudadanos en acciones de calle. Solo en los primeros 4 meses del 2019 el OVCS logró documentar más de 8 mil protestas en todo el país.
En abril las practicas represivas fueron ejecutadas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Colectivos Paramilitares y funcionarios de algunas policías estadales como Polivargas, Poliyaracuy, Policarabobo, Polibarinas y Policía del estado Sucre.
Durante el mes de abril y la primera semana de mayo la represión letal del régimen de Maduro dejó un saldo de 10 manifestantes asesinados. Solo entre el 30 de abril y la primera semana de mayo fueron asesinados 7 manifestantes y se registraron al menos 346 heridos por balas, perdigones e inhalación de gases lacrimógenos.
Durante todo 2019 la represión letal del régimen de Nicolás Maduro ha asesinado a 60 manifestantes.
Como parte de su informe, el OVCS pidió que se avance hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, a través de elecciones libres y transparentes.
Otra petición estuvo referida a las que se investigue de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
Que se deje sin efecto la orden dada a los cuerpos de seguridad de reprimir a manifestantes y que en su lugar se dediquen a velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad fue otra exigencia. También que cese de inmediato la participación de los colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden público durante las manifestaciones.
Los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones deben ser objeto de investigaciones independientes. También deben cesar las detenciones arbitrarias.
El observatorio pidió que se atiendan las demandas de la población que buscan mejorar sus condiciones de vida y que se respete la Constitución que garantiza el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, tal como sucede en el país. «La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, reza el artículo 68 de la Carta Magna.
El cumplimiento del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo, fue otra de las demandas del observatorio.
Nota de prensa
