El gobierno de Juan Manuel Santos busca con la reforma recaudar unos 2.000 millones de dólares adicionales. (Foto AFP)
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El Congreso de Colombia comenzó este lunes a estudiar el primer proyecto de ley presentado por el gobierno para garantizar la aplicación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la presencia de seis voceros del grupo rebelde en las discusiones.

Se trata del proyecto de ley de amnistía, que está siendo debatido mediante un mecanismo especial de vía rápida, conocido como ‘fast track’, que fue aprobado la semana pasada por la justicia y que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz.

El comienzo de las discusiones coincidió con una decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal en lo contencioso administrativo, de decretar medidas cautelares de urgencia en las que ordenó al Congreso y al gobierno de Juan Manuel Santos avanzar con la implementación del acuerdo firmado en noviembre con las FARC.

El senador oficialista del Partido de La U, Armando Benedetti, ponente del proyecto, se dirigió a los congresistas para explicar que la ley de amnistía consiste, según sus declaraciones, en un beneficio con base en verdad y reparación, que deberán entregar los guerrilleros.

Detalló también que esta legislación cobijará a agentes estatales inmersos en delitos en el marco del conflicto, aunque con un tratamiento especial, y que la llamada “amnistía exprés” se dará a unos 5.000 guerrilleros rasos, listados por las FARC, que solamente hayan cometido delitos políticos.

El proyecto, que incluye disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, comenzó a ser discutido de manera conjunta por comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, como establece el ‘fast track’.

Seis voceros de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación, inscrita la semana pasada ante la autoridad electoral, participan de la discusión como representantes de las FARC.

En una carta de presentación de estos seis ciudadanos que fue leída en el debate, el alto comisionado para la paz del gobierno, Sergio Jaramillo, pidió a los legisladores que les permitan intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto.

Se estableció que estos voceros podrán hacer parte de los debates haciendo uso de un mecanismo para la participación de particulares y ciudadanos.




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