El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente una Ley de Amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes han cometido presuntos delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y decenas de miles en el exilio.
La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha».
La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Las personas que al momento de la entrada en vigor de la ley estén privadas de libertad deberán obtener su libertad de forma inmediata.
Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte.
Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas.
La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.
Bachelet rechazó la ley
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que «el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas».
«Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», recalcó la alta comisionada.
Desde 1985 a la fecha se han aprobado 14 leyes de Amnistía en Nicaragua, 10 de ellas durante el primer gobierno sandinista (1979-1990).
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
