Katherine Haringtong
(Foto @TSJ_Venezuela)
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La Sala Constitucional nombró a Katherine Nayarith Harringhton Padrón como nueva vicefiscal general de la República, con lo cual el país cuenta con dos funcionarios en el ejercicio de un mismo cargo.

El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, argumentó que al estar y mantenerse la Asamblea Nacional en desacato, lo conducente era acudir a esa sala, dada situación de anormalidad que choca con el Estado de Derecho.

Ayer, la Asamblea Nacional juramentó a Rafael González Arias como vicefiscal general de la República, que es el procedimiento que corresponde, según la ley.

¿QUIEN ES KATHERINE NAYARITH HARRINGTON PADRON?

Katherine Nayarith Harringhton Padrón: Fiscal nacional 20° del Ministro Público. Acusó a varios miembros de la oposición, incluida la ex diputada María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Se le señaló, en ambos casos, de trabajar con evidencia basada, al menos en parte, en correos electrónicos fraudulentos.

Katherine Nayarith Haringhton Padrón ocupó el viceministerio del Sistema de Investigación Penal. Maduro reconoció que para nombrarla fue determinante que haya sido sancionada por la Casa Blanca, que la incluyó en la lista de siete funcionarios venezolanos a los que se les revocó la visa y les congeló sus bienes, en marzo de 2015.

A los casos de Machado y Ledezma le acompañaron los del ex gobernador Henrique Salas Römer y al abogado Gustavo Tarre. Katherine Harrington también llevó el proceso contra Yendry Sánchez, el joven que interrumpió la toma de posesión de Maduro en abril de 2013 y a quien imputó por ofensa agravada al jefe de Estado. Según su familia, Sánchez padece de trastornos mentales, sin embargo fue encarcelado y procesado.

Harrington imputó a Juan Rodrigo Diamanti, de la ONG Sin Mordaza, por supuesto financiamiento a las guarimbas; a la hermana de la activista Rocío San Miguel, la doctora Ana María Abreu de San Miguel, a quien acusó de revelar secretos vinculados a la seguridad del Estado desde su puesto en el servicio médico de la Presidencia de la República. También acusó de traición a la patria a Támara Sujú, integrante del Foro Penal.

En noviembre de 2014 ordenó tomar las instalaciones del Centro Turístico Perla Mar, en Margarita, propiedad del empresario Parsifal D`Sola. En 2010 pidió que los tribunales agilizaran la extradición de Nelson Mezerhane, propietario del intervenido Banco Federal y de Globovisión.

A Lo Lorent Gómez Saleh lo acusó, el 27 de octubre de 2014, por expedición indebida de acreditaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos, previstos en las leyes Contra la Corrupción, Extranjería y Migración, y Especial Contra los Delitos Informáticos, respectivamente. A Gaby Arellano, el 16 de enero de 2015, la fiscal Harrington le imputó el delito de conspiración

INESTABILIDAD LABORAL
De los siete sancionados por EEUU, a quienes les fueron congeladas las cuentas, Harringhton es quizás la de más discreto perfil. Su debut mediático fue al lado de Maduro, el pasado 9 de marzo de 2015, en un acto que se convocó en Miraflores tras la publicación de la lista de afectados por el decreto Obama. “No la conocía, primera vez que la veo. Por ser fiscal del MP, por llevar casos delicados para la paz del país, ha sido amenazada. Le doy todo mi apoyo y amor”, dijo Maduro, quien la nombró Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.

La nueva viceministra, en ese momento ­de 43 años, siempre trabajó en la Fiscalía, donde ingresó el 17 de enero de 1994, según registros del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, tres años antes de obtener el título de abogada en la Universidad Central de Venezuela, el 12 de diciembre de 1997.

La jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, la calificó de valiente, tras conocer las sanciones de EEUU en su contra. Una cualidad pese a la cual, aunque tuvo una carrera de 21 años en la Fiscalía, nunca logró la titularidad de su cargo.

Haringhton, ­quien vivió en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda­ se mantuvo una provisionalidad eterna en diferentes puestos del Ministerio Público.

DENUNCIAS PUNTUALES
El desempeño de Haringhton como fiscal fue puesto en duda. Omar Estacio, abogado del alcalde mayor, pidió investigar una declaración de Joel García, defensor del preso político Rodolfo González, quien se suicidó el pasado 13 de marzo en una celda del Sebin: “Según dijo, le habría ofrecido al señor González beneficios procesales a cambio de inculpar falsamente al alcalde Antonio Ledezma”.

Ya en noviembre del año pasado, el diputado Walter Márquez la vinculó con un hecho más grave. Afirmó a El Nacional que Haringhton estuvo relacionada la denominada Masacre de La Fría, en la que funcionarios del Sebin, la Policía Nacional y la Guardia Nacional irrumpieron en una tasca de la zona y resultaron asesinadas cuatro personas: “Se hizo en presencia de la propia fiscal. Hicieron el allanamiento sin la autorización de un juez. Ella actuó de manera parcializada, encubrió los hechos, permitió el crimen colectivo”, denunció Márquez.

Con información de El Estímulo, El Nacional y La Patilla




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