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Foto: Cortesía

Gloria Marina Bermúdez ya no sabe qué hacer. Ella solo vive de la producción agrícola, actividad a la que se ha dedicado por 46 años pero que está severamente comprometida actualmente con la invasión de parte de sus tierras para fines que solo benefician a unos pocos.

El 26 de noviembre unas máquinas, tractores y el abuso de poder se impusieron y le arrebataron cuatro mil metros cuadros de su propiedad en el Pasaje Colón del sector Samán Azucena, de la Parroquia Yagua de Guacara.

Ese día fueron tumbados todos los árboles que servían de lindero, con el objetivo de construir una calle amplia por donde puedan acceder las gandolas de la empresa de transporte que alquiló la casa ubicada al final de esa calle.

Ella salió a defender sus tierras y lo que recibió fue insultos y violencia de parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GN). “Es un señor que se llama Pedro Seijas que dice que él puede hacer lo que da la gana, o hace con el apoyo de su hija, que supuestamente trabaja para un ministerio, y con el de un capitán de apellido Valbuena”.

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Gloria Bermúdez, afectada

Violencia por cuatro mil metros de tierras

En su parcela, Bermúdez se dedica a la siembra y cosecha de maíz dependiendo de las condiciones climáticas. Pero durante 2020 no pudo hacer nada. “Con la pandemia fue muy difícil conseguir insumos y, así como yo, muchos tuvieron que parar la siembra y ahora nos enfrentamos a esto”.

Ronald Centeno es su hijo y ha vivido en primera persona lo que él denomina “una violencia arbitraria”. Cada vez que, junto a sus vecinos, intenta levantar los linderos con palos llegan uniformados de la GN a impedirlo.

“Nos tumban todo y vivimos en medio de la zozobra”. Relató que hace dos llegó el presunto inquilino con su hija y varios funcionarios de la GN y entraron a su casa, “nos apuntaron y nos pidieron nuestros documentos. Ellos dicen que nos denunciaron y no sabemos por qué si son ellos los que están cometiendo un acto ilegal”.

Son cuatro mil metros cuadrados los que le están arrebatando a su madre y se sienten totalmente desprotegidos. Ya fueron a la fiscalía a introducir la denuncia y aún esperan respuestas.




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