El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), emitió un comunicado en el que destaca que las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional el pasado domingo 22 de marzo, para intentar paliar los efectos económicos debido a la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), no han sido publicadas en Gaceta Oficial, ni en ningún instrumento normativo, "por lo que su desarrollo ulterior puede estar sujeto a diversas interpretaciones por parte de los agentes económicos que hacen vida en Venezuela".
En el documento resaltan que las políticas esgrimidas, en adición a su cuestionable legalidad, representan un retroceso para el desarrollo de la actividad económica en el país.
"Si bien se reconoce el hecho de que el Ejecutivo Nacional esté desarrollando medidas proclives a paliar la compleja coyuntura derivada del COVID-19, no deja de ser menos cierto que cualquier tipo de decisión relativa al tema económico debe ser cónsona con la naturaleza del mercado y de la propia dinámica productiva y comercial de Venezuela", describe el texto.
El gremio resaltó que la dinámica económica requiere de forma imperativa la existencia de la empresa e industria privada, "y de forma particular para nuestra organización, la existencia del comercio".
"Una mayor restricción dentro del ámbito de las relaciones laborales, la prohibición del pago de cánones a los arrendadores -que viola el principio de equilibrio contractual en las relaciones de arrendamiento-, el congelamiento o fijación de precios en la provisión de servicios públicos, no harán más que informalizar aún más la economía nacional y las relaciones de trabajo, desprotegiendo los derechos laborales que, en principio, se buscan salvaguardar; desmejorando la calidad de los ya maltrechos servicios públicos venezolanos y desincentivando la existencia de arrendamientos, contratos éstos de vital importancia para la actividad económica nacional", opina el Consejo.
En cuanto a la suspensión de pagos de capital e intereses de créditos comerciales, el gremio de empresarios refirió que profundizará las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación financiera.
Si bien es cierto que, en el corto plazo, esta medida pudiera significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para las mismas, sostiene.
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