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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y pese a la estampida de críticas sobre su legitimidad proveniente de varias partes del mundo, el órgano, avanza imparable en su afán por blindar al oficialismo.

Este suprapoder ha ido cumpliendo los propósitos para los que fue constituido, en primer lugar su puesta en marcha significó el fin de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país durante cuatro meses y se saldaron con más de 120 muertos, unos 2 mil heridos y cerca de 5 mil detenidos.

Los 545 miembros de esa Asamblea, todos fieles al gobierno de Nicolás Maduro, han aprobado por unanimidad cada una de las decisiones, aunque su presidenta, la excanciller Delcy Rodríguez, insiste en defender la pluralidad y las distintas corrientes de pensamiento que convergen en la ANC.

No obstante, todos los constituyentes coinciden en su vocación de paz y, en este sentido, han actuado contra quienes consideran detractores de esa calma que pregona el chavismo en la que la oposición es apátrida y los empresarios los culpables de la crisis económica.

Bajo esta premisa, y con el poder incontestable de la Constituyente, comenzaron a cortar cabezas y la primera que rodó fue la de la fiscal general Luisa Ortega, a quien señalaron como responsable de la violencia desatada durante las protestas y le achacaron supuestas faltas graves en el desempeño de su cargo.

Ortega se había convertido en la voz crítica contra el presidente Nicolás Maduro y la Justicia venezolana, culpables, según sus palabras, de terrorismo de Estado y de la ruptura del hilo constitucional, respectivamente, lo que para la ANC constituyó un atentado a la paz.

Por ello le quitaron la titularidad de la acción penal y designaron en su lugar a quien fuera defensor del pueblo, Tarek Saab, una ficha leal al oficialismo que ha dedicado sus primeros días en el Ministerio Público a denunciar una supuesta red de extorsión y vincula a la fiscal y a su marido, el diputado Germán Ferrer.

Este legislador, ahora disidente del chavismo, motivó el siguiente movimiento de la Constituyente que decidió retirarle la inmunidad y avalar una orden de aprehensión dictada por el Supremo y que no se pudo concretar en vista de que Ferrer y su esposa abandonaron Venezuela al argumentar persecución política.

Tanto la destitución de la fiscal general como el levantamiento de la inmunidad a un diputado son competencias exclusivas de la Asamblea Nacional, el único poder controlado por la oposición que reniega la legitimidad de la Constituyente.

Pero, como dice el partido de gobierno, estamos en tiempos constituyentes y esto supone el carácter plenipotenciario de la ANC, elegida por unos 8 millones de venezolanos, para tomar decisiones incluso por encima del Parlamento, un órgano respaldado por 14 millones de votantes.

El cuerpo oficialista ha hecho sentir su superioridad al demandar la subordinación del resto de los poderes y lograr que Maduro, las autoridades del máximo juzgado, el fiscal Saab y hasta los rectores electorales acudieran a su plenaria a ponerse a la orden, con lo que consiguieron ser ratificados en sus cargos.

La directiva del Parlamento, en cambio, rechazó la invitación de la Constituyente y recordó su origen fraudulento lo que no impidió a los oficialistas arrogarse las competencias de la Cámara para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, entre otros aspectos.

Con esta facultad la ANC discute una ley contra el odio que regulará los mensajes en las redes sociales y medios de comunicación, y a través de un Consejo Nacional de Economía estudia medidas para paliar la falta de alimentos y medicinas.

Además, la Constituyente avanza con una comisión de la verdad que juzgará a los responsables de la violencia política y que investiga al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a varios opositores a quienes considera responsables de las muertes en protestas, incluso las atribuidas a las fuerzas del orden.

Mientras el Gobierno de Maduro tiene una caducidad anunciada para finales de 2018 la ANC ha decidido mantener su poder incontestable por al menos dos años aunque, como reitera su representante más emblemático, Diosdado Cabello, esto pudiera extenderse el tiempo que sea necesario.




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