La Asamblea Nacional Constituyente, conformada por partidarios del Gobierno de Nicolás Maduro y con poderes casi ilimitados, volverá a sesión mañana luego de que este sábado en su primera plenaria destituyeran a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
«Mañana nuevamente haremos historia desde este poder constituyente originario en aras de la paz de nuestra patria», dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, al término de la primera sesión de los más de quinientos asambleísta elegidos el pasado domingo para este controvertido proceso.
En su segunda sesión los constituyentes instalarán la Comisión de la verdad, presidida también por Rodríguez, para investigar sobre los hechos de violencia «con fines políticos» ocurridos durante los últimos años, anunció la constituyente.
«El día de mañana se instalará la Comisión de la Verdad (…) cada día, cada sesión de esta Constituyente, será para marcar una nueva página en la historia de soberanía, de paz, y de independencia de Venezuela», dijo.
Adelantó que tendrá «amplias facultades plenipotenciarias» y que las recomendaciones que de ella emanen «serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público».
Esta comisión «la guiará como norte la determinación de los hechos de la violencia con fines políticos y de los delitos conexos» registrados en los últimos 18 años, desde que gobierna el chavismo en el país, cuando se «desató la noche más oscura» en el país por parte de los opositores, sostuvo.
Rodríguez aseguró que quienes votaron por la Constituyente «votaron esperanzados en la garantía de paz», y que quienes integran el cuerpo plenipotenciario «vinimos a hacer la paz en Venezuela».
Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la Comisión de la Verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que para esa fecha había cobrado ya una treintena de las muertes que a día de hoy superan el centenar.
La idea de esa comisión surgió después de que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, destituida hoy por la propia Asamblea Constituyente, hiciera una serie de críticas por la «excesiva represión» de los cuerpos de seguridad y desvelara una investigación que apunta a que la muerte de un estudiante en una protesta pudo ser causada por un militar y no por un manifestante como venía sugiriendo el Gobierno.
