Las dos primeras semanas de septiembre han sido de persecución contra diputados y personas ligadas a la oposición en todo el país. Tras el allanamiento a las viviendas de funcionarios del centro de gobierno de Juan Guaidó, embajadores y activistas de derechos humanos, siete días después se registran nuevas persecuciones.

La mañana del viernes 13 de septiembre se ha registrado la presencia de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado en las casas de parlamentarios y familiares de activistas opositores.

La abogada y presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció a través de las redes sociales que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encuentra frente a la vivienda de su prima Sungliying Suju, ubicada en San Antonio de los Altos.

Suju aseveró que es la segunda vez en 20 días que los funcionarios se dirigen hasta la vivienda para llevar una supuesta orden de detención emitida por el tribunal 31 de Control, a cargo de la jueza Ingrid Bohórquez. “Amenazan con entrar a la fuerza, y además, amenazan con llevarse a mis tíos también”.


Un día antes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se trasladaron nuevamente hasta su vivienda, que no habita desde hace cinco años, aunque no pudieron ingresar por no tener una orden de ingreso.

En Monagas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentaron en la casa del diputado José Antonio Mendoza, quien es coordinador regional de Primero Justicia en esa entidad.

En un tuit, el partido denunció que la Dgcim tenía “instrumentos” para retirar la puerta de la vivienda e ingresar a la fuerza, por lo que alertaban “cualquier situación que pueda ocurrirle a él y a su familia”.

Funcionarios del Sebin se mantienen en las cercanías de las residencias de varios diputados y dirigentes en el estado Anzoátegui, según recoge el portal web El Pitazo.

El diputado Héctor Cordero, el alcalde de Simón Rodríguez, Ernesto Raydan; el secretario regional de Acción Democrática Nelson Hernández; y el director de la alcaldía de El Tigre, Andrew Espejo, denunciaron que han sido víctimas de intimidación por parte de funcionarios del Sebin, quienes permanecen largo tiempo frente a sus casas, toman fotos y luego se retiran.


La persecución y detención de opositores es uno de los puntos resaltantes del informe que publicó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de este año y donde se recomienda liberar a todos los presos políticos y detener, condenar públicamente y prevenir estos actos, “incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.

Información Tal Cual




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