El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, aseguró este viernes que el llamado para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, decretado por el presidente Nicolás Maduro, no requiere de una consulta popular previa para su convocatoria como reclama la oposición del país.
«Eso no es necesario», dijo en una declaración en la televisión estatal Galindo, que además preside el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría) y aseguró que llamar a un referendo para consultarle a los venezolanos si desean cambiar su Constitución no es necesario porque la Carta Magna no lo establece así.
Se refirió al texto constitucional que establece que la «iniciativa de la convocatoria» es del jefe de Estado, dos terceras partes del Parlamento, los Concejos municipales en cabildos o el 15 por ciento de los electores.
La oposición venezolana ha hecho referencia a ese mismo texto para asegurar que el primer mandatario solo tiene la «iniciativa» pero no el poder de convocatoria y que, una vez propuesta, esta debe ser sometida a consulta de los ciudadanos como se hizo en 1999 cuando se redactó el texto que suplantó la constitución de 1961.
Ese requisito «sí era indispensable en el año 1999, cuando el presidente comandante eterno Hugo Chávez Frias propuso la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, (…) por cuanto no existía en la constitución de 1961 un procedimiento claro y expedito para aclarar, o que estableciera quienes tenían la legitimidad de esa convocatoria», dijo el contralor.
El jefe del Poder Ciudadano reiteró «la constitucionalidad de la iniciativa del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente» realizada por el presidente venezolano el pasado 1 de mayo.
El jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, el oficialista Elías Jaua, ha presentado los nueve «propósitos» de este proceso, que inicia con «la paz como necesidad y anhelo de la nación», «el perfeccionamiento del sistema económico nacional» y la «constitucionalización» de los programas sociales «con un sistema de protección que sea irreversible» para el pueblo.
El chavismo quiere ampliar las competencias del sistema de justicia para «erradicar la impunidad», «la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica», y «la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero».
Además, agregó Jaua, la constituyente persigue «la reivindicación del carácter pluricultural» del país, «la inclusión de un capítulo de los derechos de la juventud» y «la preservación de la vida en el planeta que es el desarrollo de los derechos a la naturaleza».
