La Contraloría General de la República (CGR), iniciará las acciones de control y fiscalización para verificar los presuntos hechos irregulares en la adquisición masiva de alimentos importados realizada por el Ejecutivo Nacional durante el año 2015, según se desprende de oficio signado con el número 01-10-318 de fecha 21 de abril de 2017 emanado del ente contralor.
La legisladora Neidy Rosal, jefa de la Fracción Parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y miembro del grupo parlamentario de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), informó al respecto luego de recibir el oficio.
La parlamentaria fue quien hizo la solicitud de investigación sobre la compra de alimentos en el año 2015. Allí exigió el pronunciamiento de la CGR respecto a los procesos de financiamiento, compra e importación de alimentos y todas las presuntas irregularidades en los contratos suscritos por el Gobierno Nacional en junio de ese año.
En el documento Rosal denunció la presunta compra de alimentos con sobreprecio, por encima de los estimados en estándares publicados en las bolsas agrícolas internacionales, Citó el caso de los contratos firmados con la empresa brasileña JBS, los cuales fueron estimados por el orden de 2,1 mil millones de dólares para la compra de productos como pollo y carne.
El propósito de la solicitud ante la CGR, además de la fiscalización de los procedimientos de adquisición, compra e importación de alimentos radicaba en controlar la deuda pública por compromisos adquiridos. Asimismo, la investigación en los procesos de otorgamiento, pago y financiamiento entre el gobierno venezolano con empresas internacionales, con especial énfasis en los realizados por el Ministerio para la Economía y Finanzas, y el Ministerio para la Alimentación.
Del mismo modo, Rosal solicitó al órgano contralor que se investigara la compra de 300 toneladas de carne a las empresas ABC Carnes, Industrial Comercial San Martin y Nuevo Carnic, así como la compra de 18 mil toneladas de aceite comestible de soya y palma a las empresas Bunge Agitrade Cieco Palma y Anator, además de la compra de treinta mil toneladas de arroz de primera a la empresa estadounidense TRC.
En el informe presentado por la legisladora Rosal también se hace mención y se pide a la Contraloría General de la República, investigar la compra de cinco mil reses compradas que el Ejecutivo venezolano hizo a la empresa brasilera Minerva Foods, las cuales naufragaron en las costas del rio Amazonas en la localidad de Vila do Conde en Bacarena, en el estado Pará (Brasil), el 06 de octubre del año 2015, situación que presupone un daño al patrimonio de la nación. En su momento la parlamentaria pidió se fiscalizara esa mercancía, que ya había sido cancelada a la empresa brasilera antes mencionada y que no llegó.
La parlamentaria destacó, que realizó la solicitud de investigación amparada en el numeral 3 del artículo 289 de la Constitución.
Entre los aspectos solicitados por Rosal al ente fiscalizador, se incluyó la verificación del estatus de los puertos de Venezuela para la recepción de los alimentos, en aras de evitar una pérdida masiva de comida tomando en cuenta los antecedentes con el mencionado caso “Pudreval”; en especial los puertos de Puerto Cabello, de La Guaira, Maracaibo y de Guanta.
Destacó la legisladora que espera mayor celeridad en la investigación por parte del ente contralor, sobre la serie de solicitudes realizadas en la denuncia y que a casi dos años de presentada, se recibe oficio donde manifiestan tomarán las acciones necesarias para verificar los presuntos hechos irregulares.
“Los venezolanos estamos esperando respuestas por parte de la CGR de forma veraz y oportuna, pues es inaceptable que se siga permitiendo la corrupción en el tema alimentario”.
