La Contraloría General informó este lunes que inició un nuevo proceso contra la fiscal general, Luisa Ortega, por su falta de cooperación en la auditoría abierta el pasado 3 de julio por ese órgano estatal de seguimiento de las cuentas públicas a la Fiscalía.
Esta nueva acción legal iniciada por un ente del Estado contra Ortega -que ha roto con el oficialismo para convertirse en una de las voces institucionales más críticas con el Gobierno- fue anunciada por el contralor general, Manuel Galindo, y se suma al proceso del Tribunal Supremo de Justicia contra la fiscal.
Galindo informó del comienzo de un «procedimiento de multa» contra Ortega, que tendrá 15 días para defenderse y podría ser castigada con la inhabilitación «dependiendo de la gravedad del caso».
El contralor dio la noticia en la sede de la Policía científica (CICPC), después de someterse junto al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a la prueba del polígrafo ordenada por el Supremo para los titulares de estos dos cargos y para la propia fiscal.
La prueba debía determinar si era Ortega o el defensor y el contralor quienes mentían sobre la participación de la fiscal en una reunión en diciembre de 2015 sobre el nombramiento de 33 magistrados del Supremo, cuya designación impugna por supuestas irregularidades la titular del Ministerio Público.
Ortega -que asegura que no participó en una de las reuniones clave para los nombramientos- no acudió a la cita con la máquina de la verdad al haberse declarado en rebeldía respecto del Supremo, al que acusa de haber roto el «hilo constitucional» y estar sometido al presidente Nicolás Maduro.
Este alto tribunal comenzó a principios de mes un proceso para determinar si existen motivos para enjuiciar a Ortega, tras aceptar sus magistrados una denuncia de un diputado oficialista por supuestas faltas graves de la fiscal en el desempeño de su cargo.
Las afirmaciones de la fiscal sobre las supuestas irregularidades a la hora de designar a los 33 jueces son uno de los argumentos del diputado oficialista contra Ortega, que tras romper filas con el chavismo ha acusado a Maduro de «terrorismo de Estado» y de convertir a Venezuela en un «estado policial».
