Richard Vicuña se siente estafado. Él fue contratado por la alcaldía de Maracaibo para la ejecución de dos obras y labores de mantenimiento en el Mercado Municipal Corito, y desde el año 2019 espera que le paguen lo correspondiente al trabajo realizado.
La dirección de Mercados Municipales de la alcaldía le pidió, en julio de 2019, que hiciera el reacondicionamiento de techos y pinturas del lugar. El 30 de septiembre culminó esa obra pero nunca le cancelaron el monto correspondiente. “El contrato fue verbal… me deben como 20 mil dólares por eso. Me decían que me iban a pagar, pero nunca lo hicieron”.
Con el paso del tiempo, Acuña aseguró que ese dinero fue cobrado por otra persona cercana al alcalde del momento, Willy Casanova. “Me dijeron que fue a un amigo de él al que le dieron entre 20 mil y 50 mil dólares por un trabajo que no hizo”.
Para él, se trata de una situación muy grave porque se violó la Ley de Contrataciones Públicas. “¿Cómo le van a pagar a alguien que no presentó las evaluaciones de los avances de obra?”.
El 10 de diciembre de 2019, mientras esperaba aún el pago pendiente, Acuña fue contactado nuevamente por la alcaldía, pero en esta oportunidad sí hubo firma de contrato en el que quedó constancia de que debía encargarse de la construcción de 10 locales comerciales.
El 17 de marzo de 2020, Acuña entregó el acta de paralización por la cuarentena que se instauró en el país por la pandemia de COVID-19. La obra fue retomada en agosto de 2021, pero ya Corito no dependía de la dirección de Mercados Municipales de la alcaldía, sino de la Corporación de Alimentos, ente también adscrito al ayuntamiento. En esa oportunidad se firmó un nuevo contrato por un monto de 12 mil 111 dólares.
Sin pago
El 30 de diciembre, con nueva administración tras las elecciones del 21 de noviembre, Acuña conversó con la nueva gerente del mercado para gestionar los pagos. La obra ya tenía un 45 % de avance.
“El 2 de enero nos reunimos y me dijeron que debía hablar con el presidente de la corporación, Johan Araujo, quien me atendió el 5 de febrero… me preguntó quién era yo y de qué trabajo le estaba hablando, y me dijo que no me iban a pagar”.
En marzo habló con el síndico procurador del municipio, quien no le dio respuesta. También fue a la gobernación y no hicieron nada. Lo mismo sucedió tras la denuncia que puso en la Fiscalía y la notificación que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia.
Acuña aseguró que la deuda es de alrededor 40 mil dólares en total y, actualmente, se siente intimidado, amenazado y perseguido por exigir sus derechos. “En las noches pasan carros por mi casa, se estacionan por 10 minutos y se van. Me he tenido que ir a otra casa, me escondo, mi mamá hasta se enfermó de la angustia”.
