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En diciembre la ONG Control Ciudadano, que preside Rocío San Miguel, contabilizó 51 personas «abatidas en enfrentamientos con delincuentes». De ese total, 11 se registraron en Carabobo y siete de ellas se le atribuyen a la Policía de Carabobo que se convirtió, junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Guardia Nacional Bolivariana, en los cuerpos de seguridad más letales del país en el último mes de 2021.

La figura de «abatidos» se utilizó en los 51 casos registrados. Se trata de muertes en manos de órganos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país y que fueron justificadas por el Estado como presuntos “enfrentamientos con delincuentes”.

Rocío San Miguel aseguró que esas muertes podrían ser denominadas en la mayoría de los casos ejecuciones extrajudiciales, que violan el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso.

En el registro de Control Ciudadano , basado en el monitoreo mensual de medios de comunicación que dan cuenta de los “abatidos” en manos de policías y militares en todo el territorio nacional, Carabobo se ubicó, junto a Miranda, en los primeros lugares con 11 muertes cada uno. Le siguen Zulia con 8, Trujillo con 7, Bolívar con 4, Aragua con tres, Anzoátegui y Guárico con dos y Porguguesa, Nueva Esparta y Monagas con uno por estado.

 

Cicpc, GNB y Policía de Carabobo los más letales

Según el muestreo, los responsables del mayor número de ejecuciones realizadas bajo la categoría de “abatidos” en presuntos enfrentamientos con delincuentes, son el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), seguido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Carabobo, este último en el tercer lugar, con 7 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diciembre, según Control Ciudadano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la Policía de Carabobo destaca destaca por sobre los demás cuerpos de seguridad regionales, varios aparecen en el muestreo. «El análisis de los datos está mostrando cómo cada vez más se están involucrando las policías estadales y municipales en esta práctica que parece ser una política de Estado. En diciembre, Policía de Aragua, Policía de Carabobo y Policía de Miranda, pero también las policías de los municipios Guaicaipuro, Lagunillas y Sucre, entre otras, estuvieron involucradas en presuntos enfrentamientos, cuyos resultados también arrojaron abatidos«.

Operaciones mixtas

En el análisis de la ONG destacó el hecho de que en la mayoría de los procedimientos donde se reportan “abatidos”, participan comisiones mixtas de policías y militares, sin determinarse claramente la línea de mando u oficial responsable de la operación, con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos.

Rocío San Miguel criticó la llamada unión militar-policial que se pregona como nueva política de seguridad, cuya actuación en el mes de diciembre dejó un saldo de 08 abatidos. «Los asesinatos cometidos por policías y militares en el marco de operativos de seguridad en Venezuela son pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos de ´abatidos´ tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales, estimulándose un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país».

 

San Miguel formuló un llamado al fiscal del Ministerio Público designado por el gobierno, Tarek William Saab, a que investiguen todos los casos de «abatidos» en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a fin de determinar responsabilidades.



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