Más poder para los militares era la intención tras la decisión de Nicolás Maduro. Para Control Ciudadano esa empresa siempre tuvo todas las características de incentivo de lealtad para la Fuerza Armada Nacional. «Se entregó a los militares por cincuenta (50) años, el monopolio para efectuar todo lo relativo a las actividades de «Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general», en asociación con empresas nacionales y extranjeras, sin limitación alguna, de acuerdo a los estatutos».
De las operaciones de Camimpeg poco se sabe, con excepción del decreto que le dio forma, en febrero de 2016, el cual les otorga más de medio centenar de funciones en materia petrolera, de gas y minera.
En el texto legal se estableció que la Junta Directiva informaría a los ciudadanos, de acuerdo con el acta constitutiva, sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio de la empresa, cuya administración les corresponde. Este apartado no se ha cumplido hasta la fecha.
En el año 2019, Camimpeg fue autorizada a realizar una alianza estratégica para la exploración, explotación y comercialización de coltán (columbita tantalita) en el Arco Minero del Orinoco, Área 1, según la página web del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.
En diciembre de 2020, según Gaceta Oficial, modifica sus estatutos, para otorgar mayores poderes de gestión y de administración de recursos al presidente de la compañía, de manera autónoma.
La junta directiva es la siguiente:
Para Control Ciudadano, la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país. A seis años de la creación de esta empresa militar, el país sigue sin conocer el manejo y alcance de las operaciones CAMIMPEG.
Nota de prensa
