Echar a otros la culpa de nuestros males es síntoma de que como sociedad no somos adultos. Somos corresponsables de nuestro país. Corresponsabilidad es responsabilidad compartida. No en igual proporción, claro, pero responsables somos todos. Cada quien aporta lo que puede y debe al bien común. Esa contribución, es de lógica elemental, la da cada quien según sus competencias, si es del sector público o en ejercicio de su libertad, si es ciudadano particular. Toda imposición, además de arbitraria es inútil, como ha sido mil veces comprobado en la historia de la humanidad.
Es cuestión de principios que no siempre entienden quienes nos gobiernan. El principio que rige la acción del poder es el de legalidad: puede hacer sólo lo que la ley le ordene o permita hacer. En nosotros los particulares, es la libertad: podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido.
Una buena muestra de corresponsabilidad está en el 326 constitucional, que fundamenta la seguridad de Nación “en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”, para cumplir con “los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas” de todos, con base en “un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional”. No es cualquier cosa. Es una visión integral que como tantas otras planteadas en la Carta, apreciamos sólo parcialmente, máxime desde el poder.
La seguridad no es tema sólo militar. Es del Estado al que sirve la institución armada. De todo él, con su poder distribuido y dividido territorial y funcionalmente según el 136 CRBV, en responsabilidad compartida con la sociedad civil, que es independiente de lo público, amplia y diversa. Difícilmente encuadrable, por tanto la conexión con ella amerita sentido de colaboración y participación.
Esa responsabilidad compartida debe ejercerse en el marco de “valores superiores” del artículo 2, “La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Y no podía ser de otro modo, el artículo 3 incluye en los fines esenciales del Estado venezolano “la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo…” la cual hemos visto considerada en la noción de seguridad nacional del 326.
Se entiende, para que Venezuela sea segura necesita la prosperidad y el bienestar de todos. Comprender esas verdades, exigencia de sentido común tanto como de los nobles principios que inspiran y comprometen nuestro “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, puede ser el secreto para atinar con salidas a esta crisis larga, ancha y profunda que esta Venezuela nuestra padece, con el consiguiente sufrimiento de millones de venezolanos y venezolanas.
