Alta rotación ministerial, compras y contrataciones opacas a dedo, supresión de mecanismos efectivos de control, opacidad en la gestión pública y ausencia de rendición de cuentas, creación de sistemas de salud paralelos, aumento del control militar, entre otros reveladores datos, dibujan la crisis sanitaria de Venezuela, según un informe de Transparencia Venezuela.
En ocasión del Día Mundial de la Salud, esta organización publicó este martes este informe, el cual resume que todo es consecuencia de la gran corrupción, la ineficiencia y las erradas políticas públicas en los últimos 20 años.
Es así, denuncia la organización, como se ha vulnerado el derecho a la salud, en cuanto a la accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los centros hospitalarios.
¿La causa? La corrupción, en sus diversas formas, ha llevado al deterioro de la calidad de vida del venezolano y a la declaración de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), sumándose ahora la pandemia del COVID-19.
También, se resalta la precariedad del sistema hospitalario, que se acentúa en medio de esta pandemia. No existen centros de salud adecuados para atender las necesidades de los grupos contagiados, alerta Transparencia Venezuela.
Hospitales, reflejos del colapso y fuga de talentos
Como corolario, se expone que los hospitales venezolanos padecen el colapso de los servicios públicos y la fuga de talentos.
Al panorama sanitario venezolano, se agrega el resurgimiento de enfermedades vectoriales como dengue, paludismo y mal de Chagas, como la escasez de medicamentos.
En otras palabras, la salud del venezolano está de cuidado, lo que no compagina con lo contemplado con la Organización Mundial de la Salud, que establece que salud es cuando se tiene acceso a los servicios que la garanticen; no es ausencia de enfermedades.
Transparencia Venezuela, en su informe, resalta que las medidas paliativas del gobierno no responden a lo establecido en el marco legal. Exhorta a un abordaje del acceso a los medicamentos basado en derechos, para que se cumpla el concepto de salud como un derecho humano, con políticas coherentes y estrategias de desarrollo.
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