La corrupción impide la defensa de los derechos ambientales en Venezuela
/ Foto: Cortesía (Twitter)

El biólogo y defensor de derechos humanos Alejandro Álvarez Iragorry condena que el Estado no se pronuncie en defensa del Acuerdo de Escazú que, entre otros aspectos, estipula la protección para los defensores de los derechos ambientales y del territorio.

Por el contrario, refiere que en Venezuela, “en este momento, los grandes negocios referidos al ambiente son multimillonarios y casi nadie sabe eso”, lo que constituyen las razones por las que el Gobierno de Nicolás Maduro no hace parte al país del acuerdo que abarca a América Latina y el Caribe.

Además, denuncia que la defensa del territorio y la naturaleza puede conllevar la muerte de sus protectores, y de acuerdo con los datos mundiales, América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender la tierra, pues dos tercios de los asesinados sociales mueren luchando por sus espacios.

Vidas en peligro

De acuerdo con el Global Witness, 65 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en Colombia en 2021, 30 en México, 20 en Brasil, 17 en Honduras, 13 en Guatemala, 12 en Nicaragua y seis en Perú. Otros países en la lista incluyen Filipinas, Tailandia, India y el Congo.

Para ofrecer protección a los defensores del ambiente surgió el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la participación pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, aprobado en 2018 y con vigencia desde el 22 de abril de 2021, luego de que 12 países lo ratificaron. Venezuela no lo ha hecho.

Y este es un instrumento pionero regional que establece la protección de los defensores del ambiente y los territorios. De suma importancia porque facilita la generación de diálogos y participación social para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

No todos los países le dan importancia

De hecho, no todos los países de la región lo han suscrito. De los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo en 2018, pero solamente 12 lo han ratificado hasta la fecha, cuando se celebró la primera cumbre de países en Chile, entre los pasados días 20 y 22 de abril.

Los países que se han adherido al Acuerdo de Escazú son Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía.

Entre los que no han suscrito el tratado destacan Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica y Chile, pese a que estos dos últimos fueron los principales promotores del acuerdo.

A pesar de que en Venezuela las condiciones del ambiente, la tierra, y su defensa son complicadas, y se va en retroceso en esta materia, este país no ha dicho ni una sola palabra sobre el Acuerdo de Escazú; pero tampoco se han hecho públicas las razones.

El silencio oficial

Álvarez Iragorry, coordinador general de la organización ambiental Clima21, y promotor de este acuerdo único en el mundo, señaló a Tal Cual lo poco que sabe sobre el silencio oficial al respecto y detalla qué beneficios puede traer al país suscribirse a este tratado.

La corrupción impide la defensa de los derechos ambientales en Venezuela
/ Foto: Cortesía (Tal Cual)

—¿Por qué Venezuela no ha suscrito el Acuerdo de Escazú?

—Hace cuatro años cuando se lanzó el Acuerdo, en Venezuela comenzamos la primera campaña pro Escazú porque no teníamos ninguna idea de la razón por la que Venezuela no la ha suscrito. Yo busqué cómo fue ese proceso, que fue complejo, difícil, y en ningún momento Venezuela participó en las discusiones.

Cuando Escazú fue lanzado, me conseguí con una funcionaria del Ministerio de Ecosocialismo y le pregunté: ¿Qué pasa con esto? y me dijo: Mira, es que ahí hay unos problemas con la discusión de los acuerdos de Río+20. Le dije: todos los elementos que están en Escazú, todos, están en la Constitución de Venezuela; por lo tanto, para Venezuela, no debía ser ningún problema ratificarlo y ya tiene su Constitución. Se quedó como pensativa y me respondió: Es que eso es político, y esa es la última respuesta que yo conseguí. No he tenido nunca ninguna respuesta adicional. Tampoco sé si esto es realmente la opinión de esa persona o algo más, no tengo la menor idea.

—¿Los defensores ambientales de Venezuela están organizados para impulsar o motivar al Estado a suscribir el Acuerdo de Escazú? Específicamente, ¿qué lograrían los defensores del medio ambiente venezolanos si el Estado se suscribe al acuerdo?

—No hay una red específica para el tema de Escazú, pero recientemente, el año pasado, las organizaciones de Venezuela articularon con organizaciones de Colombia y Perú para crear una red: Odevida (Observatorio para la Defensa de la Vida); el cual está centrado, principalmente, en el tema de la defensa de los defensores ambientales. Odevida, en este momento, está coordinando las acciones para discutir el tema de Escazú en América Latina.

Falta de transparencia ambiental

—Hay quienes dicen que le temen al Acuerdo de Escazú porque le va a impedir a los Estados inversiones, pero contrario a esto, el tratado dice que busca inversiones sostenibles. ¿Qué podría lograr Venezuela en materia económica y sobre todo en economía verde si suscribe el Acuerdo?

—El Acuerdo bien llevado hace que un país tenga una imagen de confianza. Un país donde, por ejemplo, los temas ambientales, de los objetivos de desarrollo sostenible están bien llevados es un tema que da confianza a muchos países para invertir porque —fíjate lo siguiente— yo no voy a invertir en un país donde yo no sé si hay agua o cuándo va a haber agua. Si tú además dices que desde hace 12 años está racionada el agua y nadie sabe por qué.

Si yo voy a invertir los fondos internacionales en cambio climático, depende de países creíbles. Escazú daría la posibilidad de crear una buena imagen que genera posibilidad de inversión de inversionistas responsables, no de la inversión oscura, y la inversión oscura no quiere eso.

Hace seis años se dijo que 150 empresas iban a invertir en el Arco Minero del Orinoco, ¿cuántas de ellas están? Nadie lo sabe.

Es preferible trabajar con un gobierno donde las cosas son transparentes, donde hay puntos de vistas, hay gente que prefiere que la empresa funcione con menos regulación, pero esas son discusiones y así se llegan a acuerdos. Hay gente que quiere más regulaciones ambientales, otras que no; pero un país donde nadie está claro a dónde va la cosa ni cómo es.

Los principales problemas

—En materia ambiental, ¿cuáles son las principales amenazas que afronta Venezuela y qué tan atrasado está el país en este tema y cambio climático con respecto a la región?

—La situación ambiental de Venezuela está muy mal, terriblemente mal. Si usted pregunta, cada especialista te va a decir que el problema ambiental principal de Venezuela es este o este, según su especialidad. Yo intenté llevar unos indicadores que me permitieran entender y el resultado de eso fue dos grandes problemas principales, y muchos otros también importantes, pero dos grandes.

El primero: tienes toda la población en Venezuela en el eje norte-costero y montañoso. Todas las grandes ciudades están en esa zona. La población al sur del Orinoco es bastante más pequeña; pero en la zona norte-costera es donde hay más problemas de agua. En este momento, 96% de la población de Venezuela no recibe agua de manera normal. Hay partes de Venezuela donde no hay agua en ningún sitio, ni en ningún momento.

El otro problema que está referido a los problemas ambientales de la minería en todo lo que la gente llama Arco Minero, que no es el Arco Minero, porque el Arco Minero es un pedacito, y en toda la Guayana venezolana actualmente se está produciendo un daño ambiental de enorme mayoría que implica la contaminación de todos los ríos, una deforestación que va cada vez más rápida.

Esos son los problemas más graves de Venezuela, pero el cambio climático, deforestación en el resto del país y contaminación en mares van corriendo detrás.

—¿Se sabe cuántos delitos contra defensores del medio ambiente se han cometido en Venezuela en los últimos años? ¿Estos reclamos son atendidos y se dan respuestas?

—Eso fue publicado el año pasado. Un informe que se hizo entre Colombia y Venezuela. Ahí aparece el número de personas muertas, casi todas indígenas. En Venezuela son más de 20. Es un tema difícil porque está ocurriendo. Hace un mes fueron asesinados cuatro Yanomamis en una situación muy poco clara y por lo visto perversa; pero lo poco que ha sido informado acerca de la situación pareciera ser por motivos fútiles.

Nadie con armamento de guerra soluciona un conflicto contra personas que lo que tienen son piedras y flechas. En Venezuela se ha hecho eso aunque no se debería.

Lee la información completa en Tal Cual.




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