(Foto referencial)

La policía antidisturbios intervino este martes para despejar una autopista en Cataluña, cortada por militantes secesionistas que protestaban contra la detención en Alemania del ex presidente independentista Carles Puigdemont, quien podría ser extraditado a España acusado de rebelión.

Los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, tuvieron que intervenir hacia el mediodía para levantar el retén montado al amanecer a la altura de Figueras, cerca de la frontera francesa, por decenas de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR).

La televisión regional difundió en directo las imágenes de los agentes antidististurbios llevándose uno a uno a los militantes de estos comités.

Durante el día fueron cortadas otras dos carreteras, y brevemente los accesos a Barcelona.

Al caer la noche centenares de personas intentaron rodear la estación de ferrocarril de Sants, pero la policía antidisturbios volvió a impedirlo.

En la capital catalana los enfrentamientos más graves entre manifestantes independentistas y agentes de policía ocurrieron la noche del domingo, horas después de conocerse el arresto de Puigdemont en el norte de Alemania. Hubo un centenar de heridos leves, entre ellos 23 policías.

Punto de no retorno

Los CDR, que cuentan con miles de militantes, anunciaron el lunes una campaña de protestas, y dijeron que la detención de Puigdemont ha supuesto para el secesionismo un punto de no retorno.

Los partidos independentistas sufrieron un mazazo con la detención del exdirigente, que se había instalado en Bruselas hace cinco meses.

Puigdemont, cesado por el gobierno central español tras la infructuosa declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, se encuentra actualmente encarcelado en la ciudad alemana de Neumünster.

Ahora debe esperar la decisión del tribunal de Kiel, en el norte de Alemania, que podría entregarlo a la justicia española, que lo acusa de rebelión y malversación por su papel en la intentona separatista.

Puigdemont, en cualquier caso, “no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos”, expresó este martes su abogado Jaume Alonso-Cuevillas, después de visitarlo en prisión.

El presidente tiene perfectamente asumido que es posible que esto se alargue, pero tenemos una gran confianza en la justicia europea y en la justicia alemana en concreto, añadió el letrado. Las autoridades judiciales alemanas tienen 60 días para decidir si lo extraditan o no.

Una portavoz de la fiscalía alemana, Wiebke Hoffelner, se limitó por su lado a decir que la decisión no se tomará esta semana.

La justicia tendrá que establecer si en el derecho alemán existen delitos equivalentes a los que se imputan a Puigdemont, en particular el de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel en España.

Al igual que Puigdemont, otros 12 destacados independentistas están acusados de rebelión. En total son 25 los dirigentes secesionistas inculpados.

Nueve están encarcelados en España y siete huyeron al extranjero, de los cuales seis, incluyendo a Puigdemont, tienen sobre su cabeza una euroorden de detención.

Clara Ponsati, ex ministra regional de Educación de Puigdemont, que primero se marchó a Bruselas y recientemente a Escocia, se entregará el miércoles a la policía escocesa, anunció este martes su abogado Aamer Anwar.

Infracciones muy concretas

Steffen Seibert, portavoz del gobierno de la canciller Angela Merkel, recordó que España es un Estado de derecho democrático, y destacó la particular confianza entre las autoridades judiciales de los países miembros de la UE.

Seibert recordó que, tal y como repite Madrid, Puigdemontno está siendo perseguido por sus ideas políticas, por sus ideas sobre la independencia, sino a causa de infracciones muy concretas.

Puigdemont fue detenido el domingo por policías del estado alemán de Schleswig-Holstein, cuando venía en coche de Dinamarca y se dirigía a Bélgica. Lo acompañaban dos policías catalanes, contra los que se han abierto sendas investigaciones.

En Bélgica, la justicia pidió informaciones complementarias a Madrid sobre las órdenes europeas de arresto emitidas contra los consejeros que se instalaron con Puigdemont en Bruselas, a saber Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig.




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