La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes el fallo que ordenó pagar 12 millones de pesos (cerca de 13 mil dólares) al líder radical mapuche Héctor Llaitul por torturas y apremios sufridos a fines de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El líder mapuche y fundador de una de las organizaciones radicales más importantes de las últimas décadas en el movimiento autonomista mapuche, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido en 1988 cuando era estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), siendo luego torturado por la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Actualmente en prisión preventiva tras ser apresado a fines de agosto por presuntos delitos de robo de madera y por atentar contra la Ley de Seguridad del Estado, Llaitul demandó en septiembre al Estado de Chile por los hechos ocurridos a fines de la década de los 80, exigiendo un monto cercano a los 200 millones de pesos (unos 220 mil dólares).
La CAM, cuya primera acción violenta se registró en 1997, es la organización más relevante del movimiento autonomista mapuche. A diferencia de otras expresiones radicales, desarrolla una línea política que apunta a la «liberación nacional» del pueblo mapuche y realiza de forma frecuente sabotajes contra la industria forestal.
Indemnización a líder mapuche
En varias regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.
Desde mayo pasado, en dos provincias de la región del Biobío y en toda la región de La Araucanía rige un estado de excepción constitucional que ha sido refrendado una decena de veces por el Congreso, herramienta que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
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