El expresidente de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. (Foto cortesía VTV)

El fiscal general de la Corte de Apelaciones de Roma, Roberto Cavallone, aceptó este miércoles la solicitud de extradición solicitada por el gobierno de Venezuela, al expresidente de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, sobre quien existen siete investigaciones por corrupción y posee alerta roja de Interpol.

El documento refiere que la República Bolivariana de Venezuela solicitó la extradición de Ramírez a su territorio, basado en los siguientes delitos previstos y sancionados por la República venezolana:

  • Doloso peculado propio, previsto por el artículo 54 de la legislación anticorrupción;
  • Procediienmto de evasión de licitación, previsto en el artículo 60 de la legislación anticorrupción
  • Asociacion, prevista por el artículo 36 de la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo

Por lo que consideran que estos delitos cometidos en el año 2007 como representante legal de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), luego de adjudicación directa sin análisis de ofertas por un período de 7 años.

El documento igual señala que “no existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos; tampoco existen elementos para creer concretamente que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado”.

El 18 de febrero del 2021 el fiscal general de la República, Tarek William Saab dio a conocer que el Ministerio Público (MP) abrió una investigación para establecer responsabilidades respecto al pago de sobornos a exfuncionarios venezolanos, caso que vincula directamente a Ramírez y a su primo Diego Salazar Carreño.

De iigual forma indican que “esta trama ilegal involucra a la empresa española Ingelec, fabricante de generadores de energía y radicada en Sevilla”.

De acuerdo con el Fiscal General, dicha compañía habría pagado 2,7 millones de euros (3,26 millones de dólares) en comisiones a una estructura criminal liderada por Ramírez.




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