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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este martes una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.

El tribunal indicó que el Estado también fue condenado por “no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos, y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial“.

El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.

A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, “el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce“, a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces interamericanos.

La CorteIDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales, así como continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares.




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