La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado venezolano. Foto cortesía

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Venezuela por la violación de derechos políticos y de expresión de tres funcionarias públicas que fueron despedidas tras apoyar un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez en 2003, informó el tribunal este miércoles.

Según el tribunal con sede en San José, el Estado venezolano es responsable por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria de los contratos laborales de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Coromoto.

Las tres eran funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, de donde fueron despedidas después de apoyar el referendo contra Chávez. “Hoy se me sale el corazón de alegría. Esta es una sentencia que ayuda a desenmascarar el talante depredador del modelo de poder instalado en Venezuela”, declaró San Miguel a la AFP en Caracas.

Los hechos se dieron en 2003, cuando sectores opositores recogieron más de 3 millones de firmas para impulsar un referendo revocatorio del mandato de Chávez.

El entonces presidente comisionó al diputado  Luis Tascón para recolectar copias de las planillas de los firmantes, las cuales fueron publicadas en una página web.

Según la Corte IDH, la publicación de la llamada “lista Tascón” tenía fines intimidatorios y propició el ambiente de persecución política y discriminación contra los opositores del gobierno.

“El despido arbitrario tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado como factor ejemplarizante para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas”, detalla el escrito

“A partir de esta sentencia queda demostrado al mundo como en el marco de la Revolución Bolivariana en Venezuela existe una política de apartheid”, acotó San Miguel, en una alusión a la antigua política de discriminación racial en Sudáfrica.

El tribunal ordenó una serie de medidas de reparación, varias de ellas destinadas a evitar que hechos como “esta desviación de poder” permanezcan en la impunidad.




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