Corte Suprema de Brasil
El asesinato de Franco y del conductor de su vehículo, Anderson Gomes, ocurrió el 14 de marzo de 2018. Foto archivo: Cortesía nodal.am

La Corte Suprema de Brasil aceptó este martes las denuncias contra un diputado, un funcionario y un exjefe de Policía detenidos en marzo pasado y acusados de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en 2018.

Los acusados, que están en prisión preventiva, son el diputado federal José «Chiquinho» Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de esa ciudad Rivaldo Barbosa.

Los miembros de la Primera Sala del Supremo aceptaron las denuncias por unanimidad tras analizar las acusaciones presentadas por la Fiscalía y consideraron que hay indicios «consistentes» sobre la responsabilidad de los tres en el asesinato de Franco.

Corte Suprema de Brasil

Según la Fiscalía, «hay pruebas claras de la participación de los acusados tanto en el homicidio como en una asociación ilícita», y de su complicidad con mafias parapoliciales conocidas como milicias, que operan sobre todo en las zonas más pobres de Río de Janeiro.

La defensa de los acusados sostuvo que las «únicas y supuestas pruebas» no son más que las acusaciones de Ronnie Lessa, exagente de la policía de Río de Janeiro y miembro de las llamadas milicias, que ya ha confesado que fue el autor material del asesinato.

Lessa afirmó en un acuerdo de cooperación judicial que los tres acusados lo contrataron para cometer el crimen, que obedecería a la actividad de la concejala contra las milicias y sus denuncias sobre negocios inmobiliarios que tenían esas mafias en las favelas de Río de Janeiro.

No obstante, según los abogados de defensa, Lessa denunció a «personas inocentes» con la intención de reducir su pena mediante un acuerdo y no ofreció «ninguna prueba documental».

El asesinato de Franco y del conductor de su vehículo, Anderson Gomes, ocurrió el 14 de marzo de 2018 y, desde el inicio de la investigación se sospechó que la Policía de Río de Janeiro, a cargo de la pesquisa, sufrió claras interferencias del poder político.

El caso fue transferido a la órbita federal a mediados de 2023 y la investigación entonces se aceleró, hasta concluir en la operación que, en marzo pasado, llevó a la captura de los tres acusados.

Franco, concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, era negra, lesbiana, nacida en una favela, y su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a las mafias que controlan muchas de las barriadas populares de Río de Janeiro.

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