La corte suprema de Brasil reaccionó con dureza el sábado a un reportaje que asegura que el presidente, Michel Temer, ordenó a los servicios de inteligencia que espiaran al juez a cargo de su denuncia por corrupción con el fin de ensuciarlo.
Un artículo de la revista Veja del viernes cita a un ayudante anónimo del mandatario que dice que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) había sido encargada de encontrar material comprometedor sobre el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.
Aunque el palacio presidencial rápidamente emitió una declaración negando el informe, el STF respondió con un comunicado inusualmente fuerte en la mañana para repudiar cualquier presión sobre sus jueces.
«Es inadmisible cometer un crimen muy grave contra el Supremo Tribunal Federal, contra la democracia y contra la libertad», afirmaba la declaración firmada por su presidenta, Carmen Lucia.
Describiendo la presión contra los jueces como la práctica «propia de una dictadura», Lucia añadió que el tribunal «rechaza vehementemente el acecho espurio, inconstitucional e inmoral contra cualquier ciudadano y más aún contra uno de sus miembros, más todavía si tiene por objeto limitar a la justicia».
La declaración advirtió que puede haber «consecuencias legales, políticas e institucionales» si la operación reportada fuera «probada en cualquier momento».
Poco después, el fiscal general, Rodrigo Janot, aseguraba en otro escrito que «repudia con vehemencia» cualquier intento de denigrar la imagen de un juez y aludió a la época convulsa que vive el gigante sudamericano.
«Si se confirma tal atentado a los Poderes de la República y al Estado Democrático de Derecho, se trataría un nuevo episodio infeliz de la grave crisis de representatividad por la que atraviesa el país», afirmó en un comunicado.
El STF supervisa decenas de casos de corrupción contra políticos brasileños, incluidos ministros, senadores y diputados, cuyas causas no se tramitan en tribunales inferiores.
Gran cantidad de ellos proceden de la Operación Lava Jato, que investiga desde 2014 una masiva red de corrupción integrada por políticos, empresarios e intermediarios que drenaban millonarias sumas desde la petrolera estatal Petrobras.
Fachin es el juez a cargo del caso en la corte suprema.
– «Ahora es la guerra» –
El propio Temer está ahora bajo investigación por sobornos y tentativa de obstrucción a la justicia, por supuestamente intentar impedir que se avance sobre los escándalos de corrupción que destapó la operación Lava Jato.
El viernes, en otra causa, el presidente brasileño consiguió salvar su mandato de forma ajustada después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidiera por 4 votos a 3 absolver a la fórmula presidencial Dilma Rousseff (PT, izquierda)-Temer (PMDB, centroderecha), acusada de abusos de poder y financiación ilegal de la campaña con dinero desviado del megafraude a Petrobras.
Esta victoria da un respiro a Temer, que asumió el poder hace poco más de un año en lugar de Rousseff, destituida por el Congreso en un juicio político.
El mandatario niega todos los cargos contra él, pero, ahora que la controversia electoral fue puesta a un lado, se prepara para combatir los otros frentes de la crisis política desatada el 17 de mayo, cuando se filtró una grabación en la que parecía dar su aval a la compra del silencio de un exdiputado preso.
Uno de los más importantes podría llegar si, como se espera, el fiscal Janot decide presentar formalmente cargos en su contra, lo que podría apartarlo de sus funciones en el caso de que esa denuncia fuera aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y validada por el STF.
La revista Veja, especializada en primicias políticas, publicó su historia sobre el supuesto uso de la agencia de inteligencia contra el juez Fachin con una portada que muestra a Temer vestido de soldado y el titular: «Ahora es la guerra».
El palacio presidencial respondió rápidamente, diciendo que Temer «nunca» le pidió a Abin «investigar la vida del ministro del STF Edson Fachin, como se informó».
«El gobierno no usa el aparato público contra los ciudadanos brasileños, mucho menos en cualquier tipo de acción que no respete las estrictas reglas de la ley», agregó.
La declaración también insistió en el apoyo del gobierno a la operación Lava Jato.
