La Corte Penal Internacional (CPI) dio la bienvenida este viernes por la noche al anuncio de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump contra la fiscal general del tribunal, Fatou Bensouda.
La presidenta de la Asamblea de Estados Partes de la CPI, la argentina Silvia Fernández, expresó en un comunicado su “profundo reconocimiento” al Gobierno estadounidense por “levantar las desafortunadas sanciones contra la fiscal” del tribunal internacional.
La decisión de Washington “contribuye a fortalecer la labor de la Corte y, de manera más general, a promover un orden internacional basado en el derecho”, añadió Fernández, que preside el órgano legislativo del tribunal que reúne a sus 123 países miembros.
“Confío en que esta decisión marque el inicio de una nueva fase de nuestro compromiso común de luchar contra la impunidad”, concluyó la presidenta de la Asamblea de Estados Partes de la CPI.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció hoy el levantamiento de las sanciones contra la fiscal general, Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la CPI, Phakiso Mochochoko.
Asimismo, se puso fin a las restricciones de visados contra el personal de la CPI, otra de las medidas impuestas por el expresidente Trump durante su mandato.
A pesar del levantamiento de las sanciones, Blinken dijo que Washington continúa “en total desacuerdo con las acciones de la CPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina”, es decir, con las investigaciones abiertas en estos dos países por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos supuestamente por tropas estadounidenses e israelíes respectivamente.
“Mantenemos desde hace mucho tiempo nuestra objeción a los esfuerzos del tribunal por hacer valer su jurisdicción sobre el personal de Estados que no son partes, como Estados Unidos e Israel”, añadió el alto funcionario estadounidense.
No obstante, los jueces de la CPI han dado luz verde a ambas investigaciones porque Afganistán y Palestina son miembros de pleno derecho del tribunal.
En septiembre de 2020, la fiscal general Bensouda y su colaborador Mochokoko fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada «Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) y que Washington usa habitualmente para sancionar a terroristas y narcotraficantes.
Bajo esas sanciones, se bloquearon los bienes que ambos tuvieran bajo control estadounidense y se les prohibió hacer transacciones con ciudadanos de este país.
EFE
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