En una videoconferencia organizada por el Observatorio de DDHH de la Asamblea Nacional, la abogada y defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel se refirió al más reciente informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que asegura que hay fuertes indicios de la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por los órganos de seguridad del Estado venezolano.
Al respecto, la experta señaló que se allana el camino para que en los próximos meses se pueda establecer, en términos cuantitativos y cualitativos, la gravedad de los hechos registrados en el país, las responsabilidades respectivas y determinar si se trata de una conducta enraizada y/o sistematizada de violación de derechos.
San Miguel afirma que hay diferentes episodios, en diferentes épocas (del período analizado por la CPI), que dan cuenta de la conducta sistematizada en los órganos de seguridad, principalmente en la Fuerza Armada Nacional”.
Una misión determinante
La especialista hizo énfasis en que mucho de ello resulta representativo de los eventos registrados en el país durante las protestas de 2017, donde privó la represión, los asesinatos de los cuerpos de seguridad del Estado y la participación de los llamados colectivos armados. «Hay evidencia muy clara de delitos de lesa humanidad».
Cree que en este sentido el informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos en Venezuela ha tenido capital importancia en cuanto a su metodología y aproximación a la situación, además del gran acervo documental que han logrado cotejar.
Puntualiza que una acción ejemplarizante de la Corte Penal Internacional en torno a la situación de vulneración de derechos en Venezuela serviría de freno para que cese este tipo de comportamiento criminal por parte de agentes del Estado.
