El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) pidió este viernes a las autoridades de Mali que reviertan su decisión de suspender a los medios franceses Radio France Internationale (RFI) y France 24, y exigió que dejen de intentar «controlar el periodismo en su país».
Estas suspensiones, que se producen tras la paralización de los procesos de acreditación a principios de este año, dibujan un escenario sombrío para la libertad de prensa de Mali», aseguró en un comunicado la coordinadora de programa de África de CPJ, Angela Quintal.
El pasado miércoles, el gobierno transitorio militar de Mali acusó a RFI y France24 de hacer «falsas acusaciones sin ningún fundamento» contra el Ejército maliense, entre ellas abusos cometidos contra civiles por las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA) y violaciones de derechos humanos.
Deje de «intentar controlar el periodismo»
Bamako atribuyó estas acusaciones a tres fuentes: una declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del pasado 8 de marzo; un informe de Human Rights Watch del 15 de marzo y un reportaje de RFI del 14 y 15 de marzo.
El gobierno maliense vio en la «sincronización de este bombo mediático» una «estrategia premeditada para desestabilizar la transición, desmoralizar al pueblo maliense y desacreditar a las valientes FAMA».
También la ONU dijo hoy estar «preocupada por la reducción del espacio tanto para la sociedad civil como para los medios» en Mali, dos elementos que son «ingredientes vitales de cualquier democracia», aseguró en una rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
Apoyo de equipos en Mali
Dujarric apuntó además que la ONU «apoya el trabajo» de sus equipos en Mali, «incluyendo el componente de derechos humanos de la misión de paz», a la vez que defendió el derecho de las ONG de «existir y dar su opinión», en clara referencia a Human Rights Watch.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) sancionó al gobierno de Mali por incumplir su promesa de convocar elecciones el pasado febrero y pedir un periodo de transición de cinco años para hacerlo.
